Está ahí como una promesa, en una incertidumbre constante y el temor de un retroceso abierto hacia el estado de impunidad. Por eso los ataques al titular de la Cicig y a la fiscal general. Por eso la descalificación de la labor de Norma Cruz en su cruzada por la justicia para casos de violencia contra niñas, niños y mujeres. Por eso las campañas en redes sociales desde centros estratégicos especializados en arrojar humo y basura a destajo con el propósito de desviar la atención e influenciar a la ciudadanía.

Por eso Norma Cruz confiesa su frustración al constatar que ni siquiera por la trágica muerte de 41 niñas se han podido evadir los obstáculos en la investigación y seguimiento de las atrocidades cometidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Es una frustración compartida por muchas personas conscientes de que ahí también opera el tráfico de influencias a favor de gente poderosa con palancas efectivas para frenar la labor de la justicia. Esto debería hacer sonar muchas alarmas, porque lo sucedido en ese y otros hogares administrados por el Estado no es un hecho aislado sino una constante, denunciada en distintas ocasiones por diferentes entidades nacionales, internacionales y de prensa.

El abuso físico, sexual y psicológico contra niñas, niños y adolescentes bajo la custodia del Estado por orden judicial es una aberración; por lo tanto, una investigación seria, profunda y minuciosa debería ser una de las principales prioridades del Gobierno. Sin embargo, este no solo ha actuado con total indiferencia, sino se ha blindado contra cualquier demanda de respuestas e información. Si lo sucedido en ese hogar hubiera acontecido en cualquier otro establecimiento como un colegio privado, universidad, empresa o institución y las víctimas hubieran sido adultos, el escándalo sería mayúsculo. Pero eran niñas marginadas en un sistema que ni muertas les concede el valor humano que les corresponde.

Por supuesto, hay quienes se manifiestan públicamente por la justicia para las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pero son una minoría. Esas menores bajo la protección del Estado son todavía vistas por la sociedad como potenciales delincuentes y aun cuando se haya explicado la diferencia entre estar en conflicto con la ley y estar bajo resguardo del Estado, incluso algunos medios de comunicación cometen el error de etiquetarlas del modo equivocado. Como si eso no bastara, también se etiqueta a sus familias como “disfuncionales” y a sus padres, como irresponsables, sin tomarse la molestia de considerar las particularidades de cada caso. Sumado a eso, los motivos de los jueces para institucionalizarlas también deberían pasar por un proceso de evaluación para establecer su pertinencia y los alcances de esas decisiones.

Durante los días posteriores a la terrible e impactante muerte de las 41 niñas parecía imposible pensar que el sistema de justicia no actuara rápido y eficazmente para determinar causas, analizar evidencias, establecer líneas de investigación y finalmente llevar a los responsables ante la justicia. Pero el fantasma de la justicia pasó raudo y al calmarse las aguas ha vuelto la costumbre inveterada del sistema de ir poniendo trabas a los reclamos de las familias y prolongar lo más posible la acción de la justicia, quizá esperando el olvido general de este horrendo episodio. El Estado y sus instituciones deben actuar de inmediato, no solo para investigar lo sucedido el 8 de marzo, sino para evitar todo acto de violencia sexual y física, pero sobre todo combatir el tráfico al cual se sospecha han sido sometidas cientos de víctimas en estos “hogares seguros”.