Según el titular de la Cicig, Iván Velásquez, los recursos serán implementados para el funcionamiento de ese organismo y para continuar con la lucha contra la corrupción e impunidad.
“No es imaginable que la corrupción desaparezca, ojalá (…), pero responde a un problema ético de la naturaleza humana que no desaparecerá, pero se pueden fortalecer las instituciones”, refirió Gatto, quien enfatizó que la donación “no es generosidad”, sino un “interés” común para poner fin a las “prácticas que debilitan al Estado y penalizan a los ciudadanos guatemaltecos”.
Velásquez aprovechó para recordar lo que ha comentado en otras ocasiones, la corrupción “mata, enferma e impide la educación”, por lo que es necesaria la aprobación de las reformas al sector Justicia que se promueven desde el año pasado, recordó.
Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, señala que el trabajo contra la corrupción es una lucha continua. pic.twitter.com/DeL0OvrIUK
— MP de Guatemala (@MPguatemala) 6 de abril de 2017
También la fiscal general, Thelma Aldana, manifestó su apoyo por esta contribución económica, que motiva a “redoblar esfuerzos”, y reiteró que la lucha contra la corrupción y la impunidad continuará.
Desde 2015, la Cicicg y el Ministerio Público han emprendido una cruzada contra la corrupción y han desarticulado más de una docena de casos que involucran a altos exfuncionarios del Ejecutivo.
Entre esos destaca “La Línea” , una estructura de defraudación aduanera dirigida, según el MP, por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva acusados de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
A partir de ese entonces, las dos entidades han dado luz a varios casos que implican a unas 300 personas, entre exfuncionarios, empresarios, políticos, diputados, alcaldes y particulares, entre otros.
#FiscalGeneral #ThelmaAldana destaca que han habido avances en el combate contra la corrupción e impunidad con el apoyo de CICIG. pic.twitter.com/E31qYCRcuU
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Desde 2007, la Unión Europea ha invertido más de US$81 millones en el trabajo de la Cicig, un ente creado por la Naciones Unidas en 2007, con el fin de desmantelar estructuras clandestinas dentro del Estado.
Los países donantes de la entidad son Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia y Suiza, además de organizaciones internacionales como la Unión Europea, Fosi y Soros.
Los Gobiernos de Alemania, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, España, Italia, Francia, Suecia, Suiza y Uruguay contribuyen con personal especializado en seguridad e investigación criminal para las operaciones en Guatemala.
El mandato de la CICIG, de cada dos años, vence el próximo mes de septiembre, pero el actual presidente, Jimmy Morales, solicitó en 2016, por adelantado, una prórroga hasta septiembre de 2019.
