Dentro del competitivo mundo de la atracción de visitantes a los países, desde hace algunos lustros se ha ido aplicando y mejorando el concepto de las convenciones como atractivos para lograr la presencia de personas extranjeras con un aliciente adicional. Ciudades como Las Vegas, por ejemplo, son verdaderos emporios donde se pueden desarrollar ese tipo de actividades, casi siempre realizadas por grupos de intereses comunes específicos. Esa tendencia ha avanzado en América Latina, donde las inversiones han sido cuantiosas, como es el caso de Bogotá, donde se construyó un centro de esos con una inversión de 143 millones de dólares, colocados por el sector privado y el gobierno, este último en proporción muy minoritaria. Pero hay otros ejemplos igualmente notorios.

Expo Guadalajara fue fundada hace 30 años y es uno de los mejores centros de convenciones y reuniones de todo México, a donde el ingreso total nacional fue en el 2061 de casi 25 mil millones de dólares, lo cual representa 1.4% del producto interno bruto del país y genera medio millón de empleos directos e indirectos. En Panamá, el centro de convenciones Amador costó 193 millones de dólares, en Costa Rica el gobierno invertirá 35 millones en un centro actualmente en construcción. Ello ilustra la importancia otorgada en la región a este tipo de centros de recepción de visitantes, y por ello resulta explicable pensar en la posibilidad de hacer un proyecto similar en Guatemala, aunque con las proporciones lógicas y el sistema de financiamiento más eficiente para el Estado.

Ayer fue celebrado el día mundial de la llamada industria de reuniones, lo cual coloca al tema en el plano del interés por comentarlo y considerar la posibilidad de entrar a competir. A mi juicio, la mejor manera de hacerlo es por medio de una concesión por un tiempo determinado de terrenos estatales otorgados a inversionistas privados, ya sea nacionales o algunos de los muchos grupos empresariales foráneos interesados y con experiencia en el tema, de por sí muy complejo a causa de la enorme variedad de legítimos intereses de quienes participan directa o indirectamente. El gobierno guatemalteco ya ha dado los primeros pasos en esa ruta, y el año pasado hubo una reunión entre el presidente Jimmy Morales y el ministro de Economía, pero no se ha avanzado.

El tema de la construcción de edificios por el sector privado en terrenos estatales quedó mal visto en Guatemala a causa del plan de construir un grupo de edificios en los terrenos del ferrocarril, zona 1, a donde llegarían a trabajar los once mil empleados públicos. La idea, muy mala a mi juicio, era obligar al gobierno a pagar alquiler y luego comprar los inmuebles al terminar el contrato. Además, la concentración de los miles de trabajadores y de ciudadanos necesitados de servicios públicos convertiría a esa zona en un laberinto aun peor. Una interpretación del abandono del avance del proyecto del centro de convenciones la explica como una maniobra para construir los edificios planificados para la zona 1, en el Parque de la Industria, único lugar citadino en el centro puede nacer.

Es necesario entender las características de ese proyecto de convenciones. Si nadie se interesa, no se construye. Si la empresa interesada posteriormente se va, quedan los edificios. Estos detalles son importantes, claro, pero debe analizarse el factor de beneficio económico para empresas de todo tamaño, incluyendo los microempresarios y trabajadores relacionados con todas las actividades alrededor del turismo. Me parece evidente la necesidad de analizar en serio esta posibilidad, porque Guatemala debe apostar no solo al turismo tradicional, también con enormes posibilidades de ampliación a causa de las tantas razones válidas para visitarla. Por supuesto, la decisión debe ser tomada considerando el beneficio para más personas y empresas e igualmente para el Estado.