La vulnerabilidad nacional usualmente tiende a ser vista desde una óptica urbana, pero las carencias y la precariedad son patéticas en extensas regiones del país, donde el Estado no existe, como se constata ahora con los incendios forestales que arrasan miles de hectáreas en áreas protegidas de Petén.

Desde hace años se sabe que en ese departamento se concentran diversos grupos al margen de la ley, entre ellos narcotraficantes, narcoganaderos, invasores y traficantes de personas, algunos de los cuales podrían ser los responsables de haber iniciado el siniestro para poder utilizar posteriormente esos terrenos para fines agrícolas o ponerlos al servicio de malhechores.

Esta actividad criminal ha crecido en los últimos años y ha encontrado un terreno propicio para actuar al margen de la ley, ya que las autoridades más cercanas no solo están a kilómetros de distancia de donde ocurren los abusos, sino que son susceptibles de ser sobornadas, lo cual sería su mejor elección, antes de exponer su integridad a criminales bien armados.

La falta de recursos, la indolencia y la corrupción son factores que confluyen en el daño del patrimonio nacional, pues incendios como los que ahora consumen Laguna del Tigre, en la Biosfera Maya, son producto del abandono crónico y repercuten en el enorme daño para el ambiente, en un país donde existe poco aprecio por la naturaleza y donde el dinero impone condiciones para extender la territorialidad al servicio de mafias.

Los mismos gobernantes tienen pleno conocimiento de las irregularidades prevalecientes, como lo reconoció el martes el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien declaró a los periodistas que narcotraficantes buscan construir narcopistas en esa región o presuntos ganaderos también pretenden crear condiciones en el lugar para la crianza de ganado, acciones que, por supuesto, son intolerables y deben ser combatidas de manera inmediata.

Cuando el Estado se muestra tolerante a actividades ilícitas en contra del patrimonio natural, se convierte en cómplice de esos criminales, pues existe suficiente información respecto de esas irregularidades, como reiteradamente lo han hecho ver las autoridades responsables de administrar el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, quienes incluso han gestionado medidas de desalojo en contra de centeneras de invasores.

Solo en la zona de Laguna del Tigre se ha denunciado la existencia de unas 33 comunidades residentes de manera ilegal en la región, y se cree que algunos de los inconformes podrían ser responsables de desencadenar los siniestros, lo cual también es intolerable, porque sus consecuencias constituyen una tragedia ambiental que atenta contra otros sistemas de vida, cuyo hábitat hoy se ha convertido en cenizas.

Las autoridades deben ir más allá de la denuncia y emprender acciones para frenar esta tragedia ecológica, pero también deben tomar medidas de largo plazo para recuperar ese territorio, pues un ecocidio de esta naturaleza tiene repercusiones globales, como la destrucción de uno de los pocos pulmones que le quedan a una zona marcada por la indolencia y la vulnerabilidad, lo que una vez más se constata en Petén.