La falta de profesionalismo y la irresponsabilidad de los gobiernos de Chávez y Maduro han llevado a que dos secretarios generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, alegando sus atribuciones en el Acuerdo de Ginebra (1966), hayan decidido llevar la controversia por el Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, lo que siempre fue la alternativa preferida por Guyana. Los crasos errores de comisión y omisión nos han llevado a este resultado.

La memoria histórica venezolana no podrá olvidar que, en marzo del 2004, Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación. Para colmo, en febrero del 2007, afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, por parte del gobierno de Rómulo Betancourt, fue producto de la presión de Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el gobierno autónomo de izquierda —pero todavía no independiente— del Primer Ministro de la entonces Guayana Británica, Cheddi Jagan. Lo cual es una absoluta falsedad histórica, que, en privado y me consta, no se la creen los mismos guyaneses, además con esta afirmación poco seria, para no decir irresponsable, se deslegitima la misma reclamación venezolana.

Cuando Guyana en el 2014 manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, a través de un Representante del Secretario General no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al secretario general optar por la CIJ, el gobierno de Maduro insistió negligente y tercamente en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la mediación, por ejemplo. Guyana desde hace tiempo ha estado preparándose para enfrentar el complejo proceso que implica defender su posición ante la CIJ, para lo cual ha contratado al experto jurista internacional canadiense-iraní el Dr. Payam Akhavan y al muy respetado excanciller de Guyana y ex secretario general del Commonweath, Sir Sridath Ramphall. Recordemos también que en la Secretaría General de Ban Ki-moon trabajaron en estos años dos altas funcionarias guyanesas: Valerie Moss, subsecretaria general para Asuntos Humanitarios, y Catherine Pollard, secretaria general asistente para la Asamblea General.

Mientras tanto ¿qué hacía el gobierno de Venezuela? Ni siquiera nombró un negociador a tiempo completo apoyado por un equipo de funcionarios. El encargado oficial, el embajador Roy Chaderton, tuvo al mismo tiempo, por años, otros cuatro cargos que ejercer. Y en cuanto a la asesoría, extraoficialmente me han informado que los asesores internos son unos respetables profesores de Derecho Penal y solo más recientemente, por tanto tardíamente, se ha contratado al jurista español Antonio Remiro Brotons que ha asesorado a Bolivia en su enfrentamiento con Chile en la CIJ. El gobierno Maduro, al no respetar la decisión del secretario general pagará costos políticos relevantes en la comunidad internacional, ya que será acusado, con razón o sin razón, de violar el Acuerdo de Ginebra y el principio del pacta sunt servanda.

Las ridículas recientes acusaciones de Maduro contra Guaidó de querer entregar el Esequibo, basadas en una grabación ilegal de una conversación informal entre dos asesores de Guaidó, que expresaban solo sus opiniones, olvidando en cambio las posiciones oficiales de la Asamblea Nacional al respecto, demuestran una vez más la falta de seriedad del régimen y la intención de crear una burda cortina de humo para tratar de ocultar la amenaza a la paz y la seguridad del hemisferio, que representa la presencia en territorio venezolano de grupos terroristas como el ELN y las FARC disidentes.