“Que la Corte Suprema de Justicia de trámite inmediato a las diligencias de antejuicio y nombre juez pesquisidor para que determine si ha lugar a formación de causa y, oportunamente, le retire la inmunidad a los funcionarios judiciales denunciados y se les investigue por el delito de prevaricato”, indica la denuncia.
El caso
El 28 de marzo pasado los magistrados de la Sala Tercera revocaron la resolución que envió a prisión preventiva a la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, por tráfico de influencias.
En esa resolución solo los magistrados González Dávila y Pérez Ordóñez votaron a favor de darle arresto domiciliario a Stalling, mientras que Beyla Estrada Barrientos dio un voto disidente.
El denunciante afirma que Stalling mintió en los argumentos que dio para lograr el beneficio, entre ellos que “tiene una residencia conocida y es una persona de arraigo”.
“El hecho de que una persona tenga una residencia conocida y un grupo familiar constituido, de ninguna manera minimiza el peligro de fuga que pueda existir para entorpecer el debido curso del proceso penal, lo anterior fue debidamente analizado por el juez que dictó la prisión preventiva”, argumentó el denunciante.
Carrillo Marroquín indicó que está “plenamente demostrado” que la magistrada no sólo desatendió el llamado de la justicia para someterse a su imperio, sino que se disfrazó y se armó con una pistola para amedrentar a la autoridad al momento de hacer efectiva su captura.
El delito
El artículo 462 del Código Penal preceptúa: “Prevaricato: El juez que a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años”.
