En abril de 2016 un Tribunal de Sentencia de Huehuetenango condenó a 25 años de prisión a Mario Carrillo López y Santiago Gómez López, hallados culpables de participar en el linchamiento de dos presuntos delincuentes, en Santa Bárbara, en el mismo departamento del norte de Guatemala.
Las víctimas fueron Mario Sánchez y Manuel Sales, dos jóvenes acusados de asaltar a vecinos del lugar. Una turba de vecinos de Santa Bárbara sacó a Sánchez y Sales de su vivienda por la fuerza y los arrastró al cementerio de la comunidad. Ahí los golpearon con palos y piedras y, cuando se cansaron, los colgaron frente a la capilla.
Santa Bárbara no ha tenido policías ni jueces por 15 años. El destacamento de la Policía Nacional Civil (PNC), fue cerrado por orden del Ministerio de Gobernación en 2002, poco tiempo después también cerró el Juzgado de Paz, luego de varios conatos de linchamiento en contra de las autoridades por negarse a entregar a dos supuestos ladrones.
El de Santa Bárbara es uno de los 685 linchamientos registrados entre 2013 y 2014, el período más violento de los últimos 12 años, según los registros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
En esos años, 94 personas –9 mujeres y 85 hombres— murieron a causa de las heridas provocadas por turbas en Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché. Otras 738 víctimas quedaron con lesiones.
No es justicia
Entre 2005 e inicios de 2017 hubo 2 mil 556 linchamientos denunciados en Guatemala. Fueron asesinadas 20 personas y 91 resultaron heridos, muchas de ellas de gravedad. Cuando los linchamientos registraron un pico, entre 2013 y 2014, algunos grupos liberales comenzaron a señalar a las comunidades indígenas como responsables de los crímenes.
Un año antes, en 2012, le llegada del primer militar a la presidencia en la era democrática de Guatemala también empoderó ciertos círculos del ejército y, estos a su vez, puntos de conflicto entre la población, otra vez, en el altiplano. Una protesta en octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska, en Quetzaltenango, fue reprimida por el ejército que mató a seis campesinos que protestaban contra los precios de la energía eléctrica.
En el país de nuevo se retoma el discurso dividido de la derecha y la izquierda ideológica, en medio, los grupos indígenas del altiplano.
En 2016 se incluye un paquete de reformas constitucionales, ahí se incluye la jurisdicción indígena y esto crea grupos en oposición a que se reconozca la autoridad ancestral, por promover los linchamientos. Sectores empresariales se opusieron a los cambios y la discusión llevó a manifestaciones en las calles y el Congreso, señalando la supuesta violencia de las comunidades y su poca capacidad de juzgar un delito.
Tomar la justicia por cuenta propia en una población no es un hecho con relación directa a las costumbres ancestrales. Las poblaciones indígenas en el país, aunque reconocen los castigos públicos y aplicación de justicia ancestral, no practican la incineración y goles hasta la muerte del castigado.
Regiones con predominante población indígena, como Sololá, cuentan con autoridades ancestrales aunque no estén plenamente reconocidas por el Estado de Guatemala. En 2016 estos tribunales resolvieron 3 mil casos, ninguno con aplicación de ningún castigo físico. Las sentencias aplicadas van desde resarcimiento a las víctimas, trabajo comunitario, destierro y en caso extremo varios azotes, según la falta, aplicados por algún familiar del victimario.
El linchamiento, aunque se trata de una muestra de desconfianza en la justicia, es un crimen, y quienes participan en esa práctica cometen el delito de muchedumbre y homicidio en estado tumultuario, explica Javier Monterroso, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y exasesor del Ministerio Público.
Monterroso refirió que Guatemala es de los pocos países en donde todavía se registran linchamientos, y que eso ocurre por los altos índices de impunidad. En el país según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, existe un 97 por ciento de impunidad.
“La población debe entender que el linchamiento no es la respuesta. Eso nos convierte en un Estado donde no existe el debido proceso”, manifestó.
Monterroso señaló que el Estado debe ser más eficiente en la aplicación de la justicia, lo que involucra también al Ministerio Público, para evitar los linchamientos. Añadió que también se perseguir a quienes cometieron el crimen y eso sirva como disuasivo.
Vivir con miedo
Cuilapa, Santa Rosa, es junto a San Juan Sacatepéquez, el municipio donde más linchamientos se reportaron en 2016. Cuatro en ambos casos.
Rigoberto Escalante Pérez, tiene 36 años, 15 de los cuales ha servido como bombero voluntario en Cuilapa. El 20 de mayo de 2016 vivió uno de los episodios más frustrantes de su carrera como socorrista. Él, junto a dos compañeros bomberos, fue al rescate de dos hombres vapuleados por una turba afuera del mercado municipal. Los acusaban de ser extorsionadores de mototaxis.
“La gente estaba muy molesta”, dice. “Estuvimos varias horas dentro de la ambulancia con mucho miedo porque la unidad fue rociada con gasolina”.
Escalante Pérez encabezó el grupo de tres bomberos que rescató a los dos hombres, pero el grupo de pobladores le cerró el paso a la ambulancia cuando se dirigía al Hospital Regional de Cuilapa.
“Son momentos horribles”, dice el bombero. “Enfrentamos a veces la incomprensión a nuestro trabajo y también el riesgo de morir cumpliendo el deber”.
Según Juan Francisco Mayén, integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo, quien gestiona junto a la alcaldía, los proyectos de inversión y obras públicas, la organización de grupos violentos en Cuilapa se debe a la desconfianza en las autoridades para resolver conflictos y ofrecer seguridad.
Mayén dice que “la violencia llama violencia” y justifica los linchamientos en el área porque “los vecinos están cansados de la violencia y no confían en el sistema de justicia”, por el retraso en los procesos penales en los juzgados. La mora judicial en el país, hasta diciembre de 2016, señala que solo 5 de cada 10 casos llega a una audiencia, las demás son suspendidas y reprogramadas por meses.
Mayén sostiene que el sistema de justicia “debe recuperar con hechos la confianza de la población”, agilizando los procesos y sentencias, de manera que la población vea una solución al denunciar los delitos de los cuáles son víctimas, de lo contrario las personas seguirán buscando otras formas de infringir castigo a quienes consideren delincuentes.
