La funcionaria recordó que esa agrupación sindical demandó al Estado de Guatemala por incumplimiento del Pacto Colectivo y que el Ministerio y la Procuraduría General de la Nación (PGN), como Estado de Guatemala, respondieron con una contrademanda, la cual fue ampliada el 2 de mayo último, con el fin de anular las licencias sindicales otorgadas en ese documento.
Hernández afirmó que las licencias no son permisos que otorga el Ministerio, sino que dependen de cómo el sindicato decide organizarse.
“Eso significa que queda a discreción del sindicato y de su organización la cantidad de licencias que puedan tener sus integrantes”, explicó la ministra.
El cálculo
Las licencias son extendidas para nueve integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, cuatro integrantes de cada filial, tres de cada subfilial y dos de cada sección, según Hernández Mack.
El problema es que ese ministerio no tiene datos exactos de cuántos sindicalistas cuentan con licencias, añadió la funcionaria, por lo que pidieron información al Ministerio de Trabajo, que no la ha entregado.
“Pero si uno se pone a hacer cálculos básicos de cuántas filiales, subfiliales y secciones pudiera haber, calculamos que son alrededor de dos mil personas que se encuentran gozando de licencia sindical”, comentó Hernández Mack.
Otro problema es que no se puede establecer cuánto dinero representan para el Estado esos permisos, porque no se tiene el dato de cuánto devengan y a qué renglón pertenecen los dos mil trabajadores con licencia para no trabajar.
Hernández dio una pista: “Hay alrededor de 23 mil trabajadores en el renglón 011 —presupuestados—, de los cuales el ocho por ciento estarían gozando de licencias”. El ocho por ciento de 23 mil es mil 840.
El vaivén
“Todavía no hemos recibido respuesta, no sabemos si nos van a poder dar esa información”, manifestó Hernández Mack sobre los datos solicitados a la mencionada dependencia.
La ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, informó después que el dato de quiénes son esas dos mil personas lo tiene la ministra de Salud.
“En el Ministerio de Trabajo lo que hacemos es asesorarla a ella —ministra de Salud— en aspectos específicos que nos pregunta. La categoría de cada trabajador es un dato que ellos mismos han identificado dentro de diferentes departamentos, que, asumo, se los puede compartir con todo gusto”, afirmó Telguario.
El vocero presidencial, Heinz Hiemann, salió al paso para aclarar que la ministra de Salud se refería a que son los sindicatos los que tienen la información exacta de quiénes son los beneficiados con licencias de trabajo.
Sindicato tampoco sabe
Luis Alpírez, secretario general del SNTSG, el sindicato mayoritario en Salud, recordó que el Pacto Colectivo permite conceder a sus afiliados licencia con goce de salario por el tiempo que sea necesario, previa notificación.
“Nosotros, desde el momento en que eligen a un representante sindical, por ley damos aviso a la Inspección General de Trabajo, y ellos les notifican no solo al sindicato, sino también al Ministerio de Salud, de la inamovilidad. Ese tema es el que la ministra no aclara”, manifestó Alpírez.
Al preguntarle al sindicalista cuántas personas cuentan con licencia para no laborar, aseguró que a lo interno de su sindicato son 20. “Todos esos achichincles que ella llama 25 sindicatos, ese ya es asunto de ella. Nosotros damos parte por los nuestros, y son un aproximado de 20”, afirmó, y señaló a Hernández de promover una “cortina de humo”.
Descontrol es en todo el Ejecutivo
El hecho de que no se tenga certeza de cuántos trabajadores reciben sueldo sin trabajar, por ser sindicalizados con licencias, refleja un problema en el servicio civil que no corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud, sino que se da en toda la administración pública, opina Daniel Haering, analista político y profesor en la Escuela de Gobierno.
?“Por eso se decidió hacer un censo de trabajadores que debería estar ejecutándose ahora mismo, y que es necesario para empezar de cero. Las fuerzas políticas, el presidente, la Oficina Nacional de Servicio Civil y la comunidad internacional deben impulsarlo”, aseguró el experto.
?Haering no cree que el problema del pacto colectivo se solucione pronto, ni el problema de información que “claramente” existe en las instituciones del Estado.
“Es un lío espectacular que sucede en toda la administración pública”, expresó.
