“El 92.2% de los migrantes y refugiados atendidos por los equipos de salud mental de MSF en 2015 y 2016 habían sufrido un evento violento en su país de origen o durante la ruta a través de México”, señala el informe “Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica: Una crisis humanitaria olvidada”.
Cerca de 500 mil personas entran en México cada año, procedentes en su mayoría de El Salvador, Honduras y Guatemala, la región conocida como Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) y que hoy es una de las más violentas del mundo, destaca la organización, que desde 2012 les ofrece atención médica y psicológica.
El estudio, presentado este jueves en la Ciudad de México, recoge testimonios como el de Axel Rosel. De 15 años y hondureño, salió de su país porque las maras (pandillas) lo confundieron con su hermano, que había presenciado el asesinato de un amigo en la calle.
“(En la ruta) nos asaltaron y de ahí nos tiraron al monte y nos quitaron las mochilas. A mí me quitaron los zapatos y a los otros muchachos les robaron el dinero y los golpearon”, afirma el muchacho, que teme volver a su tierra.
Su historia es parecida a la de los 467 personas entrevistadas en la elaboración del documento, y a la de los 33 mil 593 migrantes atendidos médica y psicológicamente por MSF en esta ruta migratoria, que muchas veces se emprende a través del tren de carga conocido como La Bestia, que recorre México de sur a norte.
Estas personas “carecen de acceso a atención médica durante su tránsito, se ven forzadas a bregar con más violencia durante la ruta migratoria y a padecer unas agresivas políticas de deportación que ignoran sus necesidades”, denunció la agrupación.
Según el coordinador general de MSF en México, Bertrand Rossier, los migrantes se exponen a “asesinatos, secuestros, amenazas, reclutamiento por actores armados no estatales, extorsiones, violencia sexual y desaparición forzada”, lo que implica “realidades propias de una guerra”.
Entre los entrevistados, un 39.2% mencionó los ataques directos o amenazas (a ellos o a sus familias) en su país de origen, así como episodios de extorsión y reclutamiento forzado por bandas criminales, empujándolos a escapar del país.
Y un 68.3% de ellos aseguró haber sufrido violencia durante el tránsito hacia Estados Unidos, un país que busca fortalecer la seguridad en frontera y las políticas antimigratorias desde la llegada el pasado 20 de enero de Donald Trump a la Casa Blanca.
“Los intentos de detener la migración, reforzando las fronteras nacionales e incrementando las detenciones y las deportaciones -como hemos visto en México y en Estados Unidos-, ignoran una crisis humanitaria real y no frenan el contrabando y el tráfico”, consideró el coordinador general de MSF en México.
Una mujer de 35 años de Honduras recuerda su cuarto periplo buscando cumplir el sueño americano.
“Esta vez vine con mi vecino, y fuimos capturados por un grupo de delincuentes. Lo peor es que ellos también eran de Honduras. La Policía Federal era su cómplice y nos entregaron a los miembros de esta banda. A mí me violaron. Me pusieron un cuchillo en el cuello, así que no me resistí”, rememora.
Ottoniel Rodríguez es un guatemalteco que ha emprendido cuatro veces la ruta hacia el norte. Lo han deportado tres veces de Estados Unidos y en dos de ellas cruzó solo la frontera, sin ayuda de un coyote, que hoy cobra alrededor US$3 mil 600 por ayudarlos a cruzar.
En este contexto de violencia y vulnerabilidad, MSF criticó que los migrantes del Triángulo Norte sean considerados como económicos por países de refugio como México o Estados Unidos.
“Las personas obligadas a huir del TNCA no tienen apenas acceso al estatuto de asilo en estos países, a pesar de sus necesidades y de la existencia de un marco legal”, denuncia el informe.
Por ello, la institución llamó a los gobiernos de la región a que garanticen alternativas a las detenciones y se adhieran a los principios de no expulsión.
Además, estos países deberían incrementar sus cuotas formales de reasentamiento y reunificación familiar, de modo que las personas procedentes del TNCA que requieran protección internacional -incluido el asilo, visado humanitario y protección temporal- puedan dejar de poner en riesgo su salud y su vida.
