El plazo empezará a correr luego de que, en los siguientes 45 días, la SAT presente una propuesta para mejorar el funcionamiento de las terminales, donde según el funcionario “no están cumpliendo con las regulaciones” y persisten estructuras internas y externas que facilitan la defraudación, similares a La Línea desarticulada en abril del 2015, así como actividades vinculadas con el narcotráfico.
“Vamos hacer nuestro planteamiento, porque tenemos un compromiso más moral que legal, porque no tenemos la obligación de hacer una propuesta en temas de puertos; no es nuestra función, sin embargo, lo vamos hacer y lo hemos asumido como un reto”, afirmó a Prensa Libre.
Solórzano Foppa explicó que desde hace un año han comunicado un pliego de peticiones a las autoridades portuarias, que si no se ejecutan será “muy difícil cumplir con las metas, así como trabajar en conjunto”.
Pero la advertencia va más allá, y según el funcionario se debe hacer una revisión profunda de los contratos —son 25— cuestionados que manejan en la actualidad las portuarias, por ejecutivos que se encuentran fugitivos y que están involucrados en los casos TCQ y Cooptación del Estado.
“¿Cómo es posible que tengamos contratos con personas prófugas?, ¿estamos financiando la corrupción?, ¿estamos financiando a prófugos de la justicia?, son temas que no se pueden estar permitiendo. Esas son las personas que operan en los puertos”, enfatizó el recaudador.
La SAT y los puertos deben de crear un sistema de entrega de los contenedores, como lo tiene TCQ, con tecnología en la cual el camión llega a recoger las mercancías por medio de citas y luego de la liquidación de los impuestos. En este proceso ya la SAT aprobó que el contenedor puede ser retirado, y si sale en selectivo rojo, el propietario de la mercancía es alertado para resolverlo.
María Isabel Fernández, experta en temas portuarios
En el 2016, el 79.5 por ciento del comercio exterior del país —exportaciones e importaciones— fueron manejados por las terminales, según la Comisión Portuaria Nacional (CPN).
Con las acciones de corrección que se puedan implementar, la recaudación en los puertos podría aumentar entre Q200 millones y Q300 millones.
Poca voluntad
Solórzano Foppa se quejó de que las empresas portuarias no ejercen controles a lo interno de sus recintos, y los accesos de información no los han querido compartir con la SAT, sobre todo con la Intendencia de Aduanas.
Reconoció que esta es una parte compleja de las operaciones portuarias, las cuales no han respondido al pliego de solicitudes.
En el listado de las demandas de parte del órgano recaudador, sobresale la instalación de cámaras de seguridad en todos los patios de contenedores y acceso a los sistemas.
También compartir información de los manifiestos de carga de los buques y contenedores, que son transmitidos 48 horas antes del atraque por las navieras. Además, de un inventario de contenedores y la ubicación en los patios, con sistemas automatizados.
También el cierre de accesos de entradas y salidas no controladas por la autoridad aduanera, así como el registro de los transportistas —pilotos y unidades—, gestores y tramitadores que ingresan a la zona primaria de los puertos.
“Vemos poca o nula voluntad política para poder cumplir con estas acciones legales de parte de los puertos”, señaló el funcionario.
El superintendente denunció que en las rampas Fenix, se registran cortes de las cámaras y la fibra óptica como parte de un plan de sabotaje.
Proceso largo
Fernando Lorenzana, presidente de la Junta Directiva de la Empornac, afirmó que ellos son los más interesados en resolver los procesos y la advertencia de los seis meses que fijó Solórzano Foppa es una muestra de voluntad política para poder tratarlo y resolverlo. “El superintendente quiere afinar todas las operaciones”, dijo Lorenzana.
Los procesos de control en los puertos pueden mejorar, pero no es como lo describe el jefe de la SAT, afirmó Fernando Lorenzana, presidente de Empornac. Es un trabajo en conjunto en el cual debemos coordinar, y la crítica constructiva que lanzó el superintendente puede ayudar y agilizar los procesos. Estamos en la mejor disposición, pero la responsabilidad no puede dejarla solo a los puertos, afirmó.
Fernando Lorenzana, presidente Empornac
José Gil Natareno, gerente general de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), afirmó que el superintendente está en razón de los requerimientos, pero con la disposición de que están autorizados como Depósito Aduanero Temporal (DAT). Es necesario el cumplimiento de varios requerimientos que son procesos largos.
“Estamos realizando el mejor esfuerzo para acompañar a la SAT en las actividades que requiere, y muestra de ello es que para operar como DAT se contrató a 15 personas más solo para atender esas solicitudes”, afirmó.
El personal, dijo, está distribuido en las rampas, en trasiego —intercambio de mercancías de contenedor a otro contenedor— y el viernes último hubo una visita de la Intendencia para empezar a trabajar en el circuito cerrado de televisión (CCTV).
Además explicó que se dieron instrucciones a la gerencia de seguridad de la EPQ que se le preste el apoyo a la SAT para hacer los servicios de inspección, vigilancia y seguimiento de las mercancías y contenedores.
¿Y las mafías?
Sobre las mafias que denunció el superintendente, Gil Natareno, dijo que en la EPQ existen feudos como cualquier institución, y recordó las infiltraciones en la Policía y el Ejército, por lo que están en fase de depuración.
Javier Reyes Navarrete, secretario del Sindicato de Trabajadores Organizados de EPQ, afirmó que si el superintendente conoce sobre los grupos paralelos que operan en los puertos, como autoridades, deben actuar.
“Si hay pleno conocimiento de que existen esas estructuras, ¿por qué no proceden? Estamos de acuerdo en que se desarticulen todos esos grupos, si es que existen”, dijo.
El sindicalista recordó que los proceso de verificación de los contenedores deben ser intrusivos —rayos x— por lo que los puertos deben contar con escáneres para la revisión y hace varios años que no se les pone atención. Además, en la EPQ hay un déficit de personal de aduanas.
Sobre las puertas de ingresos y salidas en la EPQ, Reyes Navarrete explicó que existen cuatro, que son las salidas de la Séptima Avenida, acceso principal, Marina Pez Vela y TCQ, en las cuales hay presencia de los delegados.
Vence contrato
Solórzano Foppa dijo que en la rampa Fénix, en la EPQ, existe un desorden y que la autoridad portuaria no ha podido tomar o no ha querido realizar las acciones legales necesarias.
Gil Natareno señaló que ya se llevó a cabo el cierre de esas instalaciones, pero por una orden judicial se reestablecieron los derechos.
En este momento la rampa Fénix solicitó una renovación de su contrato, y hasta hoy no ha cumplido con las disposiciones que se realizaron de sus requerimientos. Por este motivo el contrato no está vigente y la rampa no puede operar, según la instrucción de la gerencia del puerto girada la semana pasada, dijo el gerente.
Recuperar puertos
Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad e Infraestructura Crítica, afirmó que se hace un análisis legal sobre más de 25 contratos cuestionados en los puertos y se evalúan las distintas opciones de acción.
Para tratar la problemática de los puertos existe una comisión que trabaja en conjunto con la SAT, CPN, Ministerio de Finanzas y las portuarias.
Una estructura de defraudación tributaria interna y externa operaba en los puertos y en el servicio aduanero, la cual fue descubierta el 16 de abril del 2015, por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
La organización criminal permitía el ingreso de contenedores con mercancías diversas en las aduanas marítimas, a cambio de un soborno. La estructura actuaba de manera paralela a la autoridad administradora y supuestamente era dirigida por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías. La red permitió el ingreso de bienes por debajo de lo establecido en el sistema tributario.
La meta, dijo, es que el mes en curso quede terminada la estrategia para poder implementar en julio, y esos son los 45 días que el jefe de la SAT menciona.
“No nos sorprende las declaraciones del superintendente, más bien las compartimos y hemos estado trabajando los equipos en Gobierno Abierto”, dijo.
El comisionado reconoció que en las portuarias siguen operando estructuras de mafias que están incrustadas desde hace más de 20 años, y que sacarlas no requiere solo de procesos administrativos, sino de acciones legales, por lo que los juzgados deben de evaluar.
Godoy explicó que dentro de las estructuras existen pequeños feudos, la mayoría de los servicios son subcontratados, y quienes tienen a su cargo los contratos, que son legales, aunque producto de la corrupción, son parte de esas mafias.
Recordó que algunos jefes de seguridad de los puertos están vinculados con esas estructuras.
“El tema es profundo, así como lo mencionó Solorzano Foppa, pero no es que no se ha realizado nada sino venimos trabajando. El llamado del superintendente es que ya logró cambiar a la mayoría de personal y logró reestructurar”, comentó.
El comisionado explicó que el mandato es recuperar el control de los puertos, y eso se conversó con la Cicig en el 2016, cuando surgieron los casos de Cooptación del Estado y La Línea, que estuvieron vinculados con esas estructuras criminales que tienen en los puertos contratos como las grúas, las rampas, remolcadores, básculas, entre otros.
Afirmó que la SAT ya trabaja con el Ministerio Público sobre el convenio que tienen para que las acciones sean coordinadas, y lema es recuperar los puertos.
