Las recientes órdenes de captura contra cinco personas vinculadas con la tragedia del pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cuando perdieron la vida 41 adolescentes, ha desatado una nueva polémica y pone sobre la mesa los alcances de las investigaciones, pero también la responsabilidad en la que incurre cualquier funcionario a cargo de tareas en las que hay vidas de por medio.

Entre los capturados ayer se encuentra el jefe de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, de la Procuraduría General de la Nación, Harold Augusto Flores Valenzuela, y Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y la Adolescencia, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes están sindicados de delitos de maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.

También fueron arrestadas tres personas que tenían bajo su responsabilidad la seguridad directa de los menores, entre ellas dos delegados de la Policía Nacional Civil y la encargada del hogar en el que ocurrió la tragedia.

Simultáneamente se dio trámite a una solicitud de antejuicio contra la jueza de Paz del municipio de San José Pinula, Rocío Murillo, a quien se señala de incumplimiento de deberes, retardo de justicia y falsedad ideológica, porque habría desatendido el requerimiento de efectuar una diligencia la noche anterior a la tragedia, cuando habían empezado denuncias por abusos y atropellos en contra de las adolescentes.

Como colofón de las pesquisas a raíz de la tragedia en aquel refugio para adolecentes, ayer se conoció que los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán presentaron el pasado mes de marzo una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, a quien consideran que se debe investigar por la muerte de las 41 menores, trámite que el Ministerio Público trasladó anoche al Organismo Judicial, donde se determinará si existen evidencias determinantes para llevarlo hasta el Congreso.

Ante ese nuevo episodio para esclarecer responsabilidades de un infame suceso, surgen reacciones vehementes por parte de quienes califican de injustas algunas de las aprehensiones, pero lo cierto es que eso supone señalar a priori de precarias las investigaciones del Ministerio Público, cuando lo más prudente será esperar a escuchar los argumentos y elementos de prueba para calificar con mayor rigor lo las últimas acciones de los fiscales.

Al margen de los hallazgos y pistas con que cuenten los fiscales del MP, las cuales deben ser convincentes, el mensaje que subyace en las nuevas capturas es atender la enorme responsabilidad con la que cargan los funcionarios, cuyas labores no pueden ser tomadas a la ligera, ni mucho menos ejecutadas con irresponsabilidad cuando les corresponde velar por la integridad de otras personas.

El caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ha sido un traumático episodio en la vida nacional, pero a la vez puede abrir la oportunidad de sentar un precedente para muchos funcionarios, quienes deben tomar con mayor responsabilidad el cargo. El reto también es enorme para el MP, que debe sustentar esas sindicaciones, para bien de la administración pública.