El acuerdo, que entra en vigor de forma inmediata, oficializa la comisión que trabajará a partir de este 27 de septiembre hasta el 13 de enero del 2020.
Dicho acuerdo menciona que debido a que la Cicig “durante los doce años que permaneció en el país funcionó sin ningún tipo de supervisión ni fiscalización” se hace “imperativo” investigar el actuar de sus integrantes nacionales y extranjeros.
El Congreso de la República publica en el diario oficial el acuerdo que da vida a la comisión que investigará a la #Cicig. En el acuerdo menciona que dicha comisión empezaría a funcionar a partir de este día https://t.co/xWkYcUhspF – @prensa_libre pic.twitter.com/IgI1gWh0ur
— Mariajosé España (@mespana_pl) September 27, 2019
La comisión que es integrada por los diputados Luis Pedro Álvarez Morales, Manuel Estuardo Conde Orellana, Luis Enrique Hernández Azmitia, Juan Ramón Lau Quan y Anibal Rojas Espino también podrá investigar las denuncias existentes contra la Cicig.
Entre sus atribuciones se detalla investigar la existencia de acciones ilegales por parte de la Cicig, requerir cualquier información a funcionarios o entidad pública así como recabar declaraciones, documentos e informes que sean necesarios para evidenciar alguna acción ilegal de la comisión internacional.
El acuerdo que fue firmado por el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, y los secretarios Estuardo Galdámez y Juan Manuel Giordano, también establece que los diputados miembros de esta comisión de investigación “recibirán todo el apoyo humano, logístico y material por parte del Organismo Legislativo”.
Por otro lado, la Fiscal General, Consuelo Porras, dio a conocer que conformó un equipo que se encuentra analizando el acuerdo aprobado por el Congreso y que esperan tener un informe sobre ello la próxima semana.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), reaccionó ante esta decisión del Congreso diciendo que tienen conflictos de interés debido a que muchos de los diputados actuales se encuentran bajo investigaciones penales promovidas por la propia Cicig.
Asimismo, Sandoval también declaró que dicha comisión viola los principios constitucionales de la separación de poderes, agregando que es el Ministerio Público (MP) el único con la facultad de investigar.
Estos mismos argumentos fueron fundamento para que la organización Acción Ciudadana interpusiera un amparo en contra del acuerdo.
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