Mariela y Teresa nunca olvidarán el 2013, cuando su abuelo comenzó a violarlas. Ese año marcó la vida de ambas hermanas, que a sus 13 y 10 años acompañaban al hombre a recoger leña, con el permiso de la madre, que ignoraba lo que sucedía.
Ellas guardaron el secreto dos años, temerosas por las amenazas del adulto. Las agresiones cesaron cuando el cuerpo de Mariela comenzó a cambiar y su salud se deterioró; estaba embarazada.
El abuelo de las niñas era una autoridad indígena en Nebaj, Quiché, lo que complicó la denuncia y significó un proceso difícil para la familia, que fue expulsada de la aldea al considerar que señalar al abuelo era una “falta de respeto a la autoridad” que él ejercía.
La mitad de denuncias penales por abusos sexuales de niñas y adolescentes son después del parto de la menor, luego del reporte obligado del hospital, no por convencimiento de la familia de señalar al culpable del estupro, dice Sonia Pérez, abogada que asesora a víctimas de violencia sexual.
“El proceso judicial es lento, doloroso, desgastante e involucra gastos. Generalmente las víctimas son de lugares lejanos y de escasos recursos, por lo que casi siempre desisten a la mitad del proceso”, dice Pérez.
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Justicia a medias
La familia de Mariela y Teresa no desistió, y en septiembre del 2016 el abuelo fue condenado a 210 años de prisión, se le ordenó pagar todos los gastos de su hija-nieta hasta que cumpla los 18 años y manutención a sus dos nietas violadas.
Hasta el 30 de abril se efectuaron mil 498 exámenes forenses por delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes, de los cuales solo 372 están registrados como denuncias de violencia sexual en el Ministerio Público.
Pérez señala que en el 99 por ciento de los casos que se siguen en un juicio finalizan con condena, pero lamenta que el proceso sea muy lento. La abogada tiene en su agenda debates que comenzarán en el 2009 y hay casos del 2014 que aún no han llegado a juicio.
Heridas por sanar
Aunque se probó ante un juez el abuso continuado del abuelo a las dos niñas durante dos años, la vida de ellas nunca será normal. La sentencia condenatoria se dictó, pero el resarcimiento no llega.
El caso de Mariela y Teresa también es el primero en el país que incluye un resarcimiento moral, pues la sentencia se debe traducir al idioma k’iche’ y difundirse en las aldeas donde vivieron las niñas, y la comunidad que las expulsó les debe dar un terreno para la construcción de una vivienda.
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“Lo importante es denunciar. Lamentablemente no se hace”, recuerda Pérez, quien asegura que la violencia que se comete en contra de la mujer, y en especial contra las niñas, no se pueden prevenir solo con capacitación, pues se requiere también que se reconozcan el valor y derechos de las mujeres.
Por el momento, la familia de Mariela y Teresa decidió no regresar a la comunidad y alquilan una pequeña habitación en la capital, con la esperanza de que las niñas puedan tener en algún momento una vida normal. Ellas sufrieron el abuso de su abuelo, el rechazo de la comunidad y aún esperan el cumplimiento de la sentencia.
