El prestigioso diario The New York Times estremeció de nuevo los cimientos del poder político en México, con la denuncia de que autoridades gubernamentales estarían utilizando un programa de computación capaz de infiltrar teléfonos inteligentes o equipos de cómputo sin que los usuarios sepan que podrían estar siendo escuchados o fotografiados a través de sus propios dispositivos.

El Gobierno ha rechazado los señalamientos, aunque ayer la Fiscalía General de México anunció que se abrió una investigación para esclarecer esas denuncias, pero pocos confían en que eso se logre, como ha ocurrido con numerosos crímenes, asesinatos de periodistas, desapariciones y casos de corrupción que han tenido mínimos avances.

Lo que se denuncia ahora en México ratifica la percepción de políticas de espionaje que ocurren no solo en ese país, pues ahora mismo también está detenido en Miami el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, sobre quien pesan acusaciones de escuchas telefónicas ilegales a periodistas, empresarios y opositores, algo por lo que podría ser extraditado para que pueda ser procesado.

La periodista Carmen Aristegui, una de las voces más críticas del actual gobierno mexicano, al que ha señalado por casos de corrupción, habría sido una de las figuras espiadas mediante ese programa, pero también se denuncia que lo mismo le habría ocurrido a su hijo menor de edad, lo cual también alertó a las organizaciones de derechos de la infancia.

Esa búsqueda de información mediante recursos ilícitos es una práctica que data de hace varias décadas, pero que se ha refinado en los últimos años, principalmente en Estados Unidos, donde la búsqueda de terroristas y criminales llevó al Gobierno a establecer programas agresivos de penetración en la vida íntima de millones de personas.

Durante la administración de Barack Obama se debió dar marcha atrás en programas masivos de espionaje, en defensa de la privacidad, y hasta el actual mandatario, Donald Trump, llegó a denunciar que el expresidente había pinchado sus teléfonos para espiarlo, una denuncia que no trascendió el ámbito de las rivalidades políticas.

El espionaje gubernamental se ha convertido en una herramienta de dudosa utilidad, porque ha sido principalmente empleada por autoridades inseguras, carentes de escrúpulos que llegan a los extremos de violentar sagrados derechos, con el único objetivo de escudriñar en las comunicaciones de quienes no comulgan con la línea de los gobernantes o que se muestran críticos y escépticos a sus políticas.

A ello obedece que sean los periodistas, los opositores políticos y los activistas de derechos humanos quienes encabecen las listas de personalidades a ser espiadas, como un recurso al alcance de autoridades pusilánimes.

Bajo el supuesto de que estos sofisticados programas solo se venden a los gobiernos para la investigación de criminalidad, está demostrado que funcionarios serviles e inescrupulosos pueden transgredir esos límites con el simple propósito de hurgar en la vida de personas que puedan ser consideradas incómodas.