Narcos causan 30 % de la deforestación de zonas protegidas de Centroamérica  

La estatal Universidad de Costa Rica, la Fundación Neotrópica, la Earth Economics e investigadores de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, divulgaron hoy que entre un 30 por ciento y un 60 por ciento de las pérdidas por deforestación en las áreas protegidas de la región son atribuibles a la actividad narcotraficante.
 
“Buscamos patrones para ver cómo el tráfico ilícito de drogas estaba relacionado con la deforestación. Lo que hemos aprendido es que los narcos quieren tierra para poder traficar, para hacer sus negocios y la tierra es muy importante para esconder sus ganancias, hacer rutas” , afirmó la investigadora de la Universidad de Ohio Kendra McSweeney en una vídeoconferencia de prensa.
 

Esto implica pérdidas para la biodiversidad, el turismo y la inversión extranjera directa, así como en servicios ambientales. Sobre estos últimos se calcula que del 2001 al 2010 el narcotráfico generó pérdidas de hasta 88 millones de dólares anuales en Centroamérica.
 
“El tráfico de drogas se ha convertido en un causante de la deforestación por el cambio de rutas que ha causado la política de control de drogas de EE. UU. Se establecen rutas de transporte, algunas terrestres que requieren de un control territorial en zonas protegidas” , dijo el director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, Bernardo Aguilar.
 
Además, se identificó la inclusión de actividades relacionadas al uso de la tierra que causan degradación ambiental y sirven para lavar dinero.
 
Para el estudio, los investigadores identificaron cinco “puntos calientes”  que pueden estar relacionados con el tráfico y que generan presión sobre las áreas protegidas.
 
Estos puntos son el área de Conservación Osa en Costa Rica: las Reservas de la Biosfera Xiriualtique-Jiquilisco, en El Salvador; Darién-Comarca Emberá-Wounaan, en Panamá, y la Biosfera Maya en Guatemala, así como el Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, que incluye la Reservas de la Biosfera Bosawás en Nicaragua; y la Tawahka-Asagni, el Parque Nacional Patuca y la de Río Plátano, en Honduras.
 
En cuatro de estos sitios, excluyendo a Costa Rica, hay una reducción en la cobertura de vegetación y aumentos en las zonas de agricultura y cobertura herbácea, que llevan a una pérdida neta de funciones y servicios ecosistémicos.
 
“Hay un embudo que va por la costa, por la tierra o por el aire y todo se concentra desde Olancho (en Honduras) hacia Guatemala, ahí establecen controles territoriales. En esas zonas se aprovecha la ausencia (de control) del Estado y establecen miniestados, en donde se dan los focos de mayor deforestación”, explicó Aguilar a Acan-Efe.
 
 En Costa Rica esto todavía no sucede pero hay afectaciones a la gobernanza ambiental, a los guardaparques y las áreas silvestres protegidas.
 
Según el estudio, los niveles de conflictividad que estas redes están causando amenazan la calidad de vida y seguridad de la región, siendo los ambientalistas e indígenas los más afectados.
 
La investigación revela que los Estados centroamericanos destinan menos del 1% de sus presupuestos a las áreas protegidas: Costa Rica  (0.22 por ciento) , Nicaragua  (0.08 por ciento) , Honduras  (0.06 por ciento) , Panamá  (0.04 por ciento) , Belice  (0.03 por ciento) y Guatemala  (0.005 por ciento) .