Guatemala

Guatemala y EE. UU. ponen fin a demanda

Aunque hasta ayer no había una postura oficial, Guatemala se libró  de una  demanda laboral de hasta por US$15 millones —Q109 millones— en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El país fue señalado por el Departamento de Comercio de EE. UU. de incumplir los derechos laborales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El país fue señalado por el Departamento de Comercio de EE. UU. de incumplir los derechos laborales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El litigio laboral con la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos  (USTR,  en inglés) se mantuvo por casi 10 años.

Hasta ayer,  autoridades de los ministerios de Economía y Trabajo mantenían reserva de la decisión del panel arbitral que fue notificada al Gobierno hace un mes.

“En efecto,  hemos visto un informe que está circulando del USTR;  sin embargo, hemos tenido acercamiento con el Gobierno de EE. UU., y a petición de ellos acordamos hacer público la otra semana el resultado del panel”, afirmó Leticia Teleguario, ministra de Trabajo.

”Por acuerdo con el USTR y Guatemala, no se puede hacer público aún el resultado de la resolución del panel arbitral, sino hasta la próxima semana”, afirmó Leticia Teleguario, ministra de Trabajo.


La misma posición reflejó hace algunos días Adolfo Barrera Ortiz, viceministro de Economía, y en esa ocasión afirmó a Prensa Libre que la conclusión  apuntaba a  favorecer a Guatemala.

La conclusión ya se encuentra en la Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE), que es el administrador del TLC.

 No hubo daño  

Según trascendió, la conclusión es que Guatemala demostró  durante las audiencias del panel que  no “se presentó daño al comercio” y que está regulado en el capítulo 16 del TLC, que trata el tema laboral.

El hecho de que los sindicatos hayan presentado una demanda a través de EE. UU. sin haber dialogado antes y haber tratado de arreglar las cosas, derivó en este conflicto. La justicia llegó y por lo único que podían acusar era porque se pudiera afectar el comercio, algo que no sucedió.


Además, “que las violaciones a los derechos laborales no fueron recurrentes”.

Alejandro Ceballos, presidente de la Asociación de Vestuario y Textiles (Vestex), dijo que para que se comprobara una violación se tuvo que haber afectado el comercio y la balanza comercial es positiva para EE. UU. “Por lo tanto, no hubo una causa comprobable”, enfatizó.

Con esos términos coincidió José González-Campo, miembro de la comisión laboral del Cacif,  y afirmó que habrá que
analizar cuál fue la interpretación  del panel.

En todo caso, dijo que  esto será un precedente para cuando se traten temas laborales.

En el sitio insidetrade,com, Celeste Drake, especialista en política comercial de  la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés), se negó a comentar sobre el caso, ya que no había leído el informe y no estaba al tanto del resultado.

Guatemala, dentro del TLC, se comprometió a respetar los convenios fundamentales de la OIT, los cuales no se cumplen en este momento, y con esa resolución definitivamente es un triunfo para la impunidad y para las prácticas ilegales.


“Creemos que este caso debería haber sido un golpe para Estados Unidos, por lo que los rumores de una pérdida de Estados Unidos son muy preocupantes”, afirmó.

En el 2008, AFL-CIO presentó una denuncia junto con sindicatos guatemaltecos al USTR al argumentar violaciones a los derechos laborales en el país e incumplimiento del TLC.

OIT

La presentación de las conclusiones del panel se dan a conocer una semana después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aplazó  conocer el caso de Guatemala en  la Comisión de Normas.

“En esa reunión presentamos los avances en materia laboral, así como la ley que devuelve la capacidad sancionatoria a la Inspección de Trabajo”, afirmó Teleguario.

La OIT, por medio de la Comisión de Normas, estudia a los países que son denunciados por violaciones a los derechos laborales, así como  la instalación de una comisión de encuesta, que es el instrumento de sanción para las naciones.

La OIT conocerá el caso en noviembre, y tiene varias denuncias en contra del Estado por violaciones a los derechos laborales,  libertad sindical y asociación colectiva.

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