El insulto proferido contra cuatro diputados por el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, al calificarlos de “idiotas” se suma a otra frase también absolutamente inaceptable proferida por el diplomático, hace algunos meses, cuando afirmó públicamente ante la prensa nacional que la soberanía guatemalteca “no estaba entre sus prioridades”.

La Cancillería no tiene alternativa: debe exigir de inmediato y de manera firme al Departamento de Estado que ponga en orden al representante diplomático estadounidense, porque semejantes expresiones rompen todas las normas diplomáticas de las relaciones entre países. Dependiendo de la respuesta, se deben tomar todas aquellas medidas que dictan esas mismas normas de la diplomacia en cualquier parte del mundo.

El embajador Robinson, ciertamente, ha sido objeto de una campaña de desprestigio personal y profesional como consecuencia de su relación directa con las acciones realizadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo cual incluye la contratación de una empresa estadounidense poco conocida para supuestamente hacer cabildeo en contra de ambas instituciones.

Gracias a la plena libertad de emisión del pensamiento existente en Guatemala, cualquier persona puede expresar, por ejemplo, que no siente respeto por otra. Pero el insulto está incluido dentro de los delitos tipificados por la ley, y por ello solamente a causa de la inmunidad diplomática se libraría de un proceso judicial.

La diplomacia encaja en el tipo de actividades en las que quienes las ejercen deben abstenerse voluntariamente de expresar criterios propios. Es claro que lo manifestado por un diplomático refleja el criterio oficial, y por ello las declaraciones del embajador solamente significan que el nuevo gobierno estadounidense lo respalda.

Por aparte, la negativa de los cuatro diputados guatemaltecos de revelar quién financió la cuestionable y controversial contratación de cabilderos afecta al gobierno de Jimmy Morales, porque un contrato similar, con la misma empresa y con el mismo costo de más de siete millones de quetzales, fue firmado por el ahora exfuncionario Marvin Mérida, cuya única carta de presentación ha sido su amistad personal con el presidente guatemalteco en sus tiempos de artista popular.

Todo esto solamente contribuye a aumentar las molestias de los guatemaltecos por la forma injustificable de empleo de dinero de origen dudoso para mejorar la imagen del Gobierno, que se desmorona como consecuencia de las constantes equivocaciones emanadas desde la Presidencia de la República.

Todo este entorno no disminuye la seriedad de las infortunadas declaraciones del embajador Robinson, quien parece haber decidido pasar a la historia de Guatemala como una persona incapaz de medir sus palabras. Lo expresado, por ser un exabrupto, solamente le otorga municiones a quienes lo rechazan porque desean mantener privilegios, y coloca en situación precaria a las personas que dentro del sistema político-jurídico del país luchan porque cesen todos los abusos y los privilegios ancestrales causantes del subdesarrollo.