El Supremo indicó que la decisión sobre la imposición de medidas cautelares a Ortega Díaz fue tomada por unanimidad por todos los magistrados del TSJ ” en aras de garantizar el cauce procesal respectivo“.
“Estamos frente a acciones de barbarie, promueven la violencia, promueven el odio, incitan a la insurrección armada, están como desesperados de que haya un alzamiento militar o algo así, están desesperados de que haya un golpe de Estado”.
También señaló que se prohibió a la abogada de 59 años enajenar y gravar sus bienes, y reiteró que la solicitud de antejuicio de mérito presentada el pasado 16 de junio por Carreño estuvo motivada ” por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo“como fiscal general.
Por lo anterior el Alto Juzgado ordenó notificar esta decisión al diputado Carreño como demandante, a Ortega Díaz como demandada y al defensor del pueblo, Tarek William Saab, ” a los fines de comparecer a la celebración de la aludida audiencia“la próxima semana.
A juicio del parlamentario, la fiscal ha incurrido en las faltas de ” atentar, lesionar, o amenazar la ética publica y la moral administrativa“; ” actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución“; y de ” violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución“.
La legislación venezolana establece que la remoción de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.
No obstante, no queda claro cómo se completará este proceso si se calificara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la fiscal, está en desacato y sus actos son considerados nulos.
Por su parte, Ortega Díaz se rebeló contra el Supremo y dijo que desconocerá sus decisiones, así como que defenderá la Constitución, que pretende cambiar el Ejecutivo mediante una Asamblea constituyente que será elegida el 30 de julio, hasta con su ” propia vida”.
Ortega, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto un “terrorismo de Estado” a través del máximo tribunal de justicia y los militares.
“Aquí parece que todo el país es terrorista (…) Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar” , afirmó Ortega.
En una declaración ante la prensa, la fiscal reiteró que en Venezuela se continúa “en presencia de la ruptura constitucional, se sigue violando la Constitución y se sigue desmantelando el Estado” .
“Estamos frente a acciones de barbarie, promueven la violencia, promueven el odio, incitan a la insurrección armada, están como desesperados de que haya un alzamiento militar o algo así, están desesperados de que haya un golpe de Estado” , subrayó Ortega.
Aunque la fiscal no mencionó directamente el hecho, el gobierno venezolano denunció la noche del miércoles que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue atacado con granadas desde un helicóptero pilotado por un policía “alzado en armas” , como parte de un intento de golpe de Estado.
“Yo llamo al país a mantenerse apegado a la Constitución y a la ley” , subrayó la funcionaria, una confesa chavista convertida en la mayor adversaria del gobierno de Maduro, que la tilda de “traidora” .
En su declaración, Ortega afirmó además que “hay una clara intención de anular al Ministerio Público” con dos sentencias emitidas la noche del martes, que dieron atribuciones de investigación de la Fiscalía al oficialista defensor del pueblo, Tarek William Saab, y anularon la designación del vicefiscal.
“Yo desconozco estas sentencias (…). El TSJ está derogando la Constitución y esto yo no lo voy a permitir” , afirmó la fiscal, quien concluyó señalando: “Defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida” .
El defensor celebró luego en conferencia de prensa la sentencia que, aseguró, le permitirá a su despacho “participar en investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos” .
“Eso no significa para nada que esta decisión es para entrar en una especie de conflicto con el Ministerio Público (…). No significa que las investigaciones las hará la Defensoría, pero tenemos que participar” , indicó Saab.
