El directorio feudalizado que gobierna el país está dirigido por una mayoría integrada por una alianza de stalinistas ideológicos y oportunistas temerosos de entregar el gobierno, quizás por razones “non santas”. Esta mayoría coyuntural, frente a la pérdida del apoyo popular, ha decidido una fuga absurda hacia “adelante”, que implica el aumento de la represión e intimidación de la oposición y el incremento de los privilegios para los miembros y “clientes” del partido de gobierno y, en particular, para los sectores militar y paramilitar que la apoya y de los cuales depende cada vez más su mantenimiento en el poder. La mal llamada constituyente es una mezcla grotesca de los soviets de la extinta URSS, del Congreso fascista de las Corporaciones de Mussolini y de los bantustans del apartheid surafricano. Se acaba con el principio democrático fundamental de “una persona, un voto”. Una constituyente se hace para establecer las reglas básicas de la convivencia en un país, por lo cual se debe buscar el acuerdo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. En cambio, esta es una farsa desesperada para que una minoría le imponga a la mayoría una economía colectivista y un sistema político totalitario, calcados en el fracasado modelo cubano, básicamente para permanecer indefinidamente en el poder.

En Venezuela hay un golpe de Estado continuado que se inició con la elección inconstitucional de un Tribunal Supremo express, tras perder las elecciones legislativas del 2015 y el consiguiente desconocimiento inmediato y total del Parlamento electo con una mayoría de dos tercios. Además se eliminó el derecho al voto con el impedimento arbitrario del referéndum revocatorio y la postergación de elecciones. La represión violenta de la Guardia Nacional y los “colectivos” paramilitares recuerdan a los mal llamados “batallones de la dignidad” del narcodictador panameño Noriega y a los sanguinarios “tonton macoutes” del dictador haitiano Papa Doc Duvalier. Mientras tanto la tragedia socioeconómica se profundiza y acelera desastrosamente.

Hay indicios claros de que en el chavismo existen sectores que no acompañan la intención totalitaria y colectivista de la mayoría actual del directorio. Es evidente que la Fiscal General no está sola en sus denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional y los “colectivos” y en su clara oposición al sometimiento de civiles a la justicia militar. Fiscales, jueces, diputados y políticos disidentes chavistas han manifestado su oposición a una constituyente que acabaría con la Constitución de Chávez. En la comunidad internacional hay una creciente conciencia de la vocación totalitaria del régimen y de la gravedad del desastre socioeconómico, que podría crear una emergencia humanitaria, con miles de potenciales refugiados buscando amparo en los países vecinos. Es muy significativo que Antigua y Barbuda, un gobierno miembro del ALBA y Petrocaribe, que ha votado consistentemente a favor del régimen en la OEA, haya presentado un proyecto de resolución para el próximo Consejo de la Organización, que incluye suspensión del proceso constituyente, respeto del estado de Derecho y de las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), liberación de los presos políticos, implementación de la asistencia humanitaria internacional y la formación de un “grupo de contacto” con intermediarios nombrados con la aprobación del gobierno y la AN para establecer un nuevo proceso de negociación entre las partes.

Todas las transiciones no violentas de un gobierno autoritario a uno democrático en el último medio siglo, como España, Polonia, Chile, Suráfrica, Nicaragua, Brasil, entre otras, se han dado por una combinación eficiente de presiones nacionales e internacionales, que incluyen también garantías personales y familiares para los miembros más “expuestos” del régimen. Esta verdadera “pinza” de presiones y las garantías tienden a provocar un resquebrajamiento de la unidad del régimen en su voluntad de permanecer en el poder a cualquier costo.

@sadiocaracas