Cuando era pequeño, mis padres me daban una mesada semanal de Q0.50, equivalente a Q2 mensuales. Pronto aprendí el concepto de costo de oportunidad, aunque no con ese nombre. Al principio, regularmente gastaba los cincuenta centavos el domingo; transporte en la camioneta #1 de ida y vuelta al cine 10 centavos, shuko y gaseosa al intermedio 15 centavos y la entrada a la matinal de dos películas, 25 centavos. Me quedaba sin ni un len para gastar el resto de la semana. Si durante la semana optaba por comprar una chuchería, estampillas de algún álbum o gastar en otra cosa, ya no me alcanzaba para ir a la matinal del domingo. Con frecuencia me veía obligado a tener que elegir entre el cine o ir al estadio a ver a los rojos.

Aunque ya conocía el concepto, fue cuando recibí mi primer curso de economía en la universidad, que aprendí el término “costo de oportunidad”, un principio económico fundamental, aplicable a todo recurso, empezando por el tiempo. Es el valor de la mejor alternativa sacrificada al hacer una elección entre opciones mutuamente excluyentes. No puede sobrestimarse la importancia de este principio, en la vida personal y familiar, en la sociedad y en la comprensión de la economía.

El principio de costo de oportunidad parece no aplicarse al Gobierno y al arte de la legislación. En mi apreciación, las funciones esenciales del Gobierno son: seguridad y administración de justicia, salud, educación e infraestructura, en el marco de un estado de Derecho y certeza jurídica. Esta lista de funciones prioritarias es corta y quizás pueda o deba agregarse otras pocas funciones. ¿Cuáles sí y cuáles no? En un mundo sin escasez no hay que elegir, pero ese no es el mundo en que vivimos. Cada quetzal gastado en una nueva ocurrencia significa un quetzal menos para las prioridades. Si se quiere “dignificar” —término en boga para otorgar un estipendio— o atender las exigencias de las ONG, grupos de presión, ingenieros sociales y políticos clientelares, esos cuantiosos millones de quetzales al año no podrán dedicarse a las funciones más urgentes, además de que tienen que ser confiscados a otros individuos, de manera coercitiva. Este razonamiento no necesariamente significa que se está “en contra” de esas personas que claman por fondos del Gobierno. Es el costo de oportunidad.

En relación con la tragedia del incendio en el Hogar Seguro, me ha llamado la atención un detalle, el sinnúmero de secretarías, direcciones, procuradurías, centros y unidades que tienen que ver con el tema. Da la impresión de que hay más burocracia dedicada a dirigir, planear, supervisar, asesorar y atender que personas atendidas. En días recientes se publicó un reportaje sobre un “asesor” de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) que, con un sueldo de Q25 mil mensuales, “proporciona el soporte que requiera el Despacho Superior en toma de decisiones, con la finalidad de garantizar la correcta aplicación del marco normativo aplicable a las atribuciones y funciones a que está sujeto”. Este “asesor” tiene un negocio de lubricantes y en la foto aparece recostado contra el mostrador, con una escuadra en la cintura. No se vale. Esos Q25 mil tienen un costo de oportunidad altísimo.

Recomiendo hacer unos grandes rótulos y carteles para ser colocados en el Congreso, oficinas y despachos del Gobierno, que digan: “Lo sentimos mucho, sabemos que lo que usted quiere del Gobierno es importante, pero tenemos el deber y obligación de dedicar los recursos que aportan los tributarios, limitados y escasos, a las necesidades más urgentes y prioritarias”.

fritzmthomas@gmail.com