El episodio, que se produce apenas trece meses después de la caída de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, volvió a poner al descubierto una despiadada guerra de poderes.
“La Cámara de Diputados recibió esta mañana la denuncia de corrupción pasiva contra el presidente de la República Michel Temer. Es la primera vez que un presidente de la República en ejercicio de su cargo es acusado de un delito común”. Cuerpo legislativo brasileño.
Temer acusó al fiscal genera,l Rodrigo Janot, autor de la denuncia, de actuar con intenciones políticas, un argumento compartido por buena parte del Congreso, bajo el foco de la Operación Lava Jato que reveló multimillonarios desvíos de Petrobras hacia los partidos.
Ahora corresponde a la Cámara determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario conservador, siguiendo el procedimiento determinado por la Constitución.
Pero ello solo ocurrirá si el pedido de juicio es aprobado por al menos 342 diputados (dos tercios de los 513 escaños).
El oficialismo cuenta con una holgada mayoría y aspira a bloquear el proceso. Para ello solo necesitaría que 172 diputados voten en contra de la propuesta, se abstengan o se ausenten el día de la votación.
“Conseguir 172 votos no es el fin del mundo”, dijo esta semana un asesor del Palacio de Planalto.
Janot acusó a Temer de haber recibido un soborno de US$150 mil de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. La Policía fotografió a Rodrigo Rocha Loures, exdiputado y uno de sus asesores más cercanos, recibiendo una maleta con el dinero y lo arrestó.
El fiscal afirma que ese dinero estaba destinado a Temer, pero el Gobierno lo niega.
US$150 mil pudo haber recibido Temer en uno de los casos de sobornos.
“¿Dónde están las pruebas concretas de la recepción de esos valores?”, se defendió Temer el martes.
Las cartas de Temer
Temer apuesta a sobrevivir en su cargo hasta fines del 2018, cuando debe concluir el accidentado mandato actual.
El presidente, de 77 años, se anotó un módico triunfo en la noche del miércoles cuando una comisión del Senado aprobó el proyecto de reforma laboral incluida en su agenda de ajustes, que le vale el apoyo de los mercados.
Pero queda por delante la más espinosa reforma del régimen de jubilaciones, que requerirá el apoyo de tres quintas partes del Congreso, por tratarse de una enmienda constitucional.
En el marco de la tensión entre poderes, Temer designó el miércoles a Raquel Dodge para reemplazar a Janot -quien concluye su mandato en septiembre-, rompiendo la tradición de escoger al fiscal más votado por sus pares. Según los medios, el más votado, Nicolao Dino, contaba con el respaldo del fiscal saliente.
El proceso
La denuncia contra Temer empezará a ser analizada en breve por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ).
A partir de ese momento, los abogados del presidente tendrán hasta 10 sesiones para manifestarse. La CCJ emitirá su parecer, no vinculante, en las cinco sesiones siguientes y lo enviará al plenario, donde será votado públicamente por cada diputado, lo que promete otro momento de alta tensión política.
Si el caso llegara a la Suprema Corte, los 11 jueces de esa instancia definirán si abren juicio o lo descartan. En caso de que den continuidad al proceso, Temer será suspendido por un máximo de 180 días y asumirá el oficialista Rodrigo Maia, presidente de la Cámara.
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Si Temer es hallado culpable, será destituido y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. De lo contrario, retomaría su presidencia.
Decenas de políticos de casi todos los partidos y encumbrados empresarios fueron condenados a duras penas de cárcel o están siendo juzgados en el marco de la Operación Lava Jato.
El juez de primera instancia Sergio Moro debe anunciar próximamente su sentencia en el primero de los cinco juicios que enfrenta el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), por corrupción pasiva.
Lula, favorito en los sondeos de cara a los comicios del 2018, niega las acusaciones y afirma que solo buscan bloquear su eventual candidatura.
