Estas familias, que viven en la zona fronteriza con el estado mexicano de Campeche, huyeron ante los desalojos anticipados fijados para el último 2 de junio y que fueron ordenados por un tribunal, recordó.
Desde entonces, las familias viven en “condiciones extremadamente precarias” en tiendas de campaña y dependiendo de asistencia humanitaria que proveen el Gobierno de Guatemala y algunas ONG para darles acceso a alimentos, agua, medicinas y artículos de higiene.
No obstante, los suministros son insuficientes, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la ONU.
“Nos preocupa mucho que los desalojos hayan sido ordenados sin asegurar la reubicación firme ni planes de protección para las familias afectadas, tal y como exigen los estándares internacionales de derechos humanos”, señaló Colville.
Ello deja a las familias “bastante literalmente sin ningún lugar al que ir”, añadió.
“Las familias desplazadas deben tener asistencia humanitaria adecuada hasta que se hayan dado pasos de reubicación apropiados”, insistió el portavoz.
La ONU entiende que habrá más desalojos durante las próximas semanas en la zona, que se encuentra dentro del parque nacional Laguna del Tigre, lo que puede llevar posiblemente a “una situación de crisis y violencia”, advirtió.
Normalidad
Esta situación se agrava por la “débil presencia” del Estado y las actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas, en la región, señaló la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que explicó que ante “el extendido problema de la inseguridad en cuanto a la tenencia de tierras en Guatemala”, los desalojos como los de Laguna Larga son comunes en ese país.
No obstante, tales desahucios “solo deben producirse como último recurso, después de agotar todas las otras alternativas y en línea con medidas adecuadas antes, durante y después del desalojo, con especial atención a las mujeres, los niños y los indígenas, entre otras personas” vulnerables, señaló Colville.
