Sobre la 2a. calle de la zona 13 se encuentra un Centro Correccional para Menores con el nombre paradójico de “Las Gaviotas”, las banquetas son estrechas y cundidas de postes. El urbanismo no es ejemplo y para más inri el semáforo que controla el tránsito de la “Atanasio” con esa calle es famoso porque “asaltan”.

Las Gaviotas no depende del Sistema Penitenciario, está bajo la dirección de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Nuestra Constitución dice que los adultos, si tenemos algún problema y por algún motivo debemos guardar prisión provisional, lo haremos en centros distintos de los destinados para quienes están condenados. Esa orden —artículo 10— no se aplica para los menores —quién sabe por qué— y en Las Gaviotas, de 566 patojos, 193 están de forma provisional —presuntos inocentes—.

Las Gaviotas está diseñado para 140 muchachos; sin embargo, están metidos 566. El hacinamiento hace de ese sitio un espanto.

Quiero comentar un caso cercano, dedicado a muchos tuiteros que el lunes clamaban bala para los internos, y quizás ayudamos a comprender cómo funciona el sistema. Un gran amigo me autorizó a publicarlo con la condición de cambiar nombres. Hace unos años, José Javier, de 17 años, cursaba el Bachillerato en un Colegio prestigioso del área de “Carretera” —a El Salvador—. José Javier, luego de haber hecho un proyecto familiar para agenciarse de fondos en Semana Santa, con permiso de sus padres y en el carro familiar, se fue a Panajachel el Sábado de Gloria para gozar, por lo menos el fin de semana. Con tan mala suerte que botó de la bicicleta a un señor que se conducía cerca de “La Santander”. Asustado intentó detener el vehículo frente a un garaje porque tenía vehículos en cola. Esto se interpretó como intento de fuga y con gran relajo de parroquianos, turistas y policías lo condujeron al Juzgado de Paz, a pesar de que el ciclista no reclamaba nada. La jueza le señaló un plazo de horas para que llegaran sus padres, quienes estaban en la capital. Su madre llegó entrada la noche y le informaron que el caso había sido trasladado al Juzgado de Menores de Chimaltenango porque en Sololá no había tribunal de esa competencia.

Como el proceso estaba “en trámite” y la comunicación de Panajachel a Chimaltenango era eterna, “para mientras” José Javier estuvo de domingo a jueves en Las Gaviotas, y recuerda el abuso de los encargados. José Javier salió porque su abogado presentó, por teléfono, una Exhibición Personal, ya que “el expediente se había perdido”.

Es injustificable la violencia, pero también es injustificable la omisión estatal a mandatos expresos y donde distintos procuradores de Derechos Humanos se han pronunciado. Acá es donde vemos que nuestro Congreso es patético, le fascina obviar las causas para entretenerse en efectos. Cualquiera puede tener un familiar en Las Gaviotas.

Pero si queremos asustarnos, el artículo 20 constitucional dice: “Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y juventud. Los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención para adultos. Una ley específica regulará esta materia”.

Lo que vimos el lunes es un efecto de una causa de abandono y desorden. Un sistema de justicia que da la espalda a mandatos expresos que resguardan derechos individuales dibuja anarquía, pero como acá “hasta que no me pase con alguien cercano” nada importa y se cree que los 566 recluidos son sicarios sin ninguna esperanza, se sigue en la búsqueda de soluciones absurdas y represivas.

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