“Las medidas represivas contra la violencia y o bajar la edad de imputabilidad a los menores de edad no son soluciones correctas ni efectivas”, dice el documento.
Asimismo, hizo ver a la sociedad guatemalteca que los derechos humanos no son argumentos “para defender a criminales”, sino que son principios “irrenunciables y aplicables” a todas las personas.
El fondo resaltó que lo ocurrido en Gaviotas se suma a la crisis en el sistema de protección de menores en el país. “La situación actual viola las convenciones, leyes y reglas nacionales e internacionales relativas a la privación de libertad de menores”, refirió.
Inaceptable
Unicef consideró “absolutamente inaceptable” que los menores de edad privados de libertad “sufran de hacinamiento, vejaciones, abusos, falta de sanidad, recreación y estudio, mala alimentación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, hasta la pérdida de la vida”.
Hizo un llamado al Estado de Guatemala para que invierta más en la educación, la salud y los programas sociales dirigidos a la niñez y adolescencia.
A la SBS recomendó garantizar espacios separados y dignos para los menores en conflicto con la ley penal, en lugar de construir albergues para aquellos adolescentes que pueden ser atendidos por sus familias temporales o sustitutas.
Entre las medidas urgentes que sugirió Unicef están que separe a los detenidos provisionalmente de quienes ya fueron sancionados. También que separe a los menores de edad de los adultos y dé más presupuesto a la secretaría.
Cambiar ley
Contrario a la postura de Unicef, usuarios de redes sociales exigieron al gobierno reformar la ley para que los menores sean juzgados como adultos, después del motín que dejó tres muertos y al menos ocho heridos en Las Gaviotas.
Los internautas culparon a la PDH por el hecho de que agentes de la PNC no actuaron de inmediato contra los internos, según los usuarios, por miedo a ser detenidos como el caso de los policías que están acusados de agredir a menores durante la toma de control de ese centro en 2015.
Iniciativas
En abril pasado, dos diputados presentaron dos iniciativas de ley que buscan castigar a los menores como adultos.
Una de las propuestas pretende hacer una reforma a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, donde están determinadas las sanciones a los menores de 18 años.
El otro proyecto contempla la creación de 13 nuevos delitos para menores, entre ellos extorsión, homicidio, terrorismo, narcotráfico y asociación ilícita.
