“Vino una comisión del Ministerio de Gobernación y solicitaron autorización para utilizar la pista de Mina Marlín por la cercanía. Nos preocupa que la avioneta no pueda despegar por la inconformidad de los vecinos, pero deben entender que el ministerio está pagando por cada día que no se está utilizando esa aeronave”, explicó el comisario.
Son más de cien pobladores que mantienen rodeada la avioneta para evitar que la muevan, ya que consideran que es una garantía para que las autoridades atiendan la demanda de las comunidades que señalan posibles daños a viviendas por la actividad que realizó la empresa minera.
Daños
Aniceto López, del Frente de Defensa Miguelense, manifestó: “Unas 400 viviendas están agrietadas de las paredes y piso, creemos que fue por las explosiones que realizó la mina cuando buscaba el oro. Lo que estamos pidiendo es que la empresa reconozca los daños y le pague a la gente que está muy necesitada”.
No obstante, los pobladores aseguran que mantendrán bloqueadas las entradas a la mina Marlín hasta que se atiendan sus demandas, que también contempla un pago por la destrucción ambiental que aseguran es visible en los alrededores de la empresa.
“Hay más de diez nacimientos de agua que han desaparecido y que estaban proyectado para proyectos de agua potable para las comunidades. También existen grietas en los caminos alrededor de la empresa”, aseguró el vecino Fredy González.
La mina Marlín cerró operaciones el pasado 31 de mayo; sin embargo, las autoridades municipales y vecinos aducen desconocer el plan de cierre, ya que no fue presentado a detalle para conocer las acciones de recuperación ambiental.
Según vecinos, la empresa solo ha dispuesto una fianza de US$20 millones por daños que se registren en los próximos 10 años posteriores al cierre de operaciones, pero creen que es insuficiente, ya que han realizado estudios junto a organizaciones ambientales que detalla que la cantidad de daños es superior a lo que la empresa ha previsto.
“Hemos escuchado que la empresa se comprometió con una cantidad de dinero para reparar daños ambientales si en caso se registrara en los próximos diez años, pero también hay estudios que determinan que los daños socio ambientales en San Miguel Ixtahuacán podrían ser reparables a un costo de Q380 millones”, explicó López.
Cierre
Ramiro Soto, alcalde de San Miguel Ixtahuacán, indicó: “Nos invitaron a una presentación del plan de cierre, pero fue lo único. Jamás nos explicaron a detalle cuáles serán las acciones para reconstruir el área que utilizaron para explorar y explotar, por lo que hemos solicitado que se forme una comisión gubernamental para verificar el cierre de la empresa”.
La mesa departamental de resolución de conflictos intervino recientemente para lograr que los pobladores depongan las medidas de hecho; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que se acordó una nueva mesa de diálogo en la que podría participar el gerente de la empresa, para que conozca las peticiones de los pobladores.
