En Guatemala estamos condenados a seguir siendo “subdesarrollados”, con muchos ciudadanos viviendo en la pobreza y muchos otros emigrando para buscar mejores oportunidades. Estamos condenados por un maldito sistema benefactor mercantilista por medio del cual una partida de parásitos tiene el poder de obstaculizar cualquier oportunidad de desarrollo y todavía darse el tupé de decir que lo hacen “por los pobres”. El triunfo de los parásitos es la condena para todos los demás.

Esta semana la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un amparo provisional en contra de Minera San Rafael, bajo el argumento de que cuando se emitieron las licencias para que operara, el Ministerio de Energía y Minas no realizó una consulta al pueblo xinca, siguiendo lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Considero una soberana irresponsabilidad la decisión que tomaron los magistrados de la CSJ, peor aún, justificándola con un simple “las circunstancias del caso lo hacen aconsejable”. Los magistrados no midieron las consecuencias de una decisión como la que tomaron. Lamentablemente, como todo en la administración pública, no son ellos quienes van a tener que pagar las consecuencias de sus decisiones.

No son ellos quienes van a tener que notificarle a más de 15 mil personas que se quedarán “temporalmente” sin empleo. No son ellos quienes van a sufrir las consecuencias de quedarse desempleados en una región donde hay muy poca generación de empleo. No son ellos los que van a tener que cerrar las puertas de su empresa o comercio por quebrar, por falta de ventas.

Eso sin contar con las consecuencias de las cuales nunca nos enteraremos, ya que sentencias como estas serán claves en las decisiones que tomen algunas personas y empresas para no venir a invertir a Guatemala. Del desarrollo, los empleos y la riqueza que podrían haber generado nunca nos enteraremos, porque simplemente no se darán.

Y digo que es irresponsable porque aunque el proceso de consulta del 169 ha sido blandido por grupos de parásitos como la espada adecuada para acabar con cualquier inversión en nuestro país, este no es el verdadero propósito de dicho convenio, como muy bien lo han informado los mismos representantes de la OIT. Lo que es más, ellos mismos han ratificado que el propósito del convenio es lograr el desarrollo de los pueblos indígenas, no mantenerlos en la pobreza y la exclusión.

Adicionalmente, han indicado que el proceso de consulta no tiene como propósito evitar ni vetar proyectos, sino que, en caso de que, como consecuencia de ellos, los pueblos indígenas sufran inconvenientes, buscar la manera de cómo puedan ser compensados.

Ante esa perspectiva, es incoherente y completamente ilógico suspender la operación de cualquier empresa —no solo de la mina, sino de cualquier otra—, ya que si al realizar el Gobierno el proceso de consulta se determinase, por ejemplo, que se debe relocalizar una comunidad o establecer un plan de reforestación, o construir un puente o una carretera, pues entonces en su momento eso será lo que se deba hacer. Pero entonces, ¿por qué obligar a las empresas a cerrar?

Estas decisiones que eliminan cualquier certeza a las inversiones, la única consecuencia lógica que van a lograr es ahuyentar las mismas y, por tanto, mantener a todos los guatemaltecos en la pobreza. Si en algún momento en el futuro cercano llegamos a estar en los niveles a que ha caído Venezuela, no se vaya a creer el cuento de que nos “cayó del cielo” o que es culpa del “capitalismo”. Nada que ver. Va a ser culpa de los parásitos que se regodean en mantener a los guatemaltecos pobres y de funcionarios irresponsables como los actuales magistrados de la CSJ.

Fb/jjliber