La explotación de recursos naturales es una de las fuentes de mayor conflictividad y polarización, en especial la minería. Basta ver las campañas mediáticas que llevan a cabo las empresas mineras y los discursos que en su favor pronuncian empresarios y funcionarios de gobiernos de turno. En contraste, las protestas ciudadanas en los lugares de explotación son una alerta sobre la ingobernabilidad generada por esta actividad.

En la discusión actual se dejan de lado los datos concretos sobre la actividad minera. Primero, sobre la dimensión social y política. La minería no se genera al margen de los habitantes y de sus creencias, y tampoco está por encima del marco legal que garantiza a los ciudadanos el derecho a decidir sobre la utilización de los recursos naturales. En 2010, de los cien municipios que contaban con licencias mineras, se reportaban conflictos sociales en 77. Las principales fuentes de conflicto estaban relacionadas con el deterioro ambiental —agua y deforestación— y con la percepción de que las instituciones públicas relacionadas con recursos naturales son ilegítimas para mediar ante los conflictos, pues se perciben como promotoras de su explotación y opacas en la difusión de información.

En la dimensión económica, pocas personas saben que la actividad minera representó, entre 2010 y 2015, tan solo el 0.7% de la producción total de bienes y servicios de Guatemala y los empleos formales generados al final de 2015 sumaron 4,919. La minería es un sector independiente que está desvinculado del resto de la economía, así es que las empresas llegan, explotan los recursos y se van, por lo que la mejor forma de trasladar algo de su actividad a la sociedad es por medio del pago de impuestos. Sin embargo, entre 2010 y 2015, los impuestos y regalías aportados fueron cercanos a los 53 millones de dólares anuales, lo que sirvió para financiar tan solo el 0.7% del presupuesto de gastos del gobierno central guatemalteco.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Chile y Colombia, por cada dólar de utilidades de la actividad minera, el Estado recibe cerca de 36 centavos. En Bolivia este indicador aumenta a 58, mientras en Guatemala es de 12.2 centavos. Pero no se trata solamente de cobrarles más impuestos, pues en Perú se cuadruplicó el pago de regalías mineras sobre la producción, lo que aumentó significativamente los recursos del Estado, pero no disminuyó la conflictividad social. Eso sí, se acentuó el perverso papel de los gobiernos como promotores y no reguladores de esta actividad.

Finalmente, en la dimensión institucional, el marco legal vigente para la regulación de esta actividad no está en sintonía con las complejidades de la minería. Por ejemplo, no está bien regulado el proceso de cierre de las minas: las mineras no están obligadas a elaborar un plan de clausura ni de asumir los costos de implementación de dicho plan. Se estima que, de acuerdo a la vida de los proyectos mineros actuales, en los próximos años —entre 2023 y 2038— el costo de reclamación promedio por mina puede oscilar entre el 0.02 y el 0.21% del PIB; montos superiores a los aportes tributarios totales de la minería recaudados entre 2009 y 2015.

Ante todo lo anterior, el Estado de Guatemala debe establecer un procedimiento para la suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera e iniciar un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional en el que, con base en información objetiva, se acuerde si la minería a gran escala debe formar parte, o no, del modelo de desarrollo del país.