A estos acontecimientos se suman internos fallecidos, numerosas incautaciones de objetos ilícitos y extorsiones que se efectúan desde las celdas. Un reflejo del poco control en los centros carcelarios a raíz del abandono histórico de la institución penitenciaria.
Una mirada a nuestro Sistema Penitenciario
Guatemala se encuentra entre los cinco países con las tasas más altas de violencia homicida a escala latinoamericana y entre los diez con las tasas más altas a nivel mundial. Delitos como la extorsión, los asaltos y los robos también ocurren a diario, muchos de los cuales quedan impunes.
Para reducir la criminalidad en Guatemala es necesario reducir la impunidad de los delitos. Según un estudio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el año 2015, de cada cien delitos, 95 quedaban sin resolver. Eso significa que muchos delincuentes continúan fuera de las cárceles cometiendo sus fechorías.
Los esfuerzos para reducir la impunidad han tenido efectos en la ocupación de las cárceles. Hasta el año 2008, el Sistema Penitenciario albergaba unas ocho mil personas con una capacidad para alojar a seis mil 420. Con la mejora de la investigación criminal y las transformaciones que se han dado en los últimos años en el sector justicia, como el aumento de la prisión preventiva, la introducción de nuevas leyes y penas más largas, así como métodos de investigación alternas, la población carcelaria creció hasta alcanzar las 22 mil personas a mediados del 2017. Mientras tanto, no se logró aumentar la cantidad de espacios.
Como consecuencia, ahora el Sistema Penitenciario se encuentra ocupado al triple de su capacidad. Para la prisión preventiva la ocupación es dos veces y media y para el cumplimiento de condena la misma es cuatro veces su capacidad.
La sobrepoblación carcelaria se debe a varios factores:
- No se construyeron nuevas cárceles a pesar del incremento drástico de la población.
- Existe alta reincidencia delictiva, se estima que seis de cada diez personas que salen de prisión vuelven a reincidir en la delincuencia por lo que regresan a la cárcel.
- Los procesos en el sistema judicial son lentos, lo cual ha provocado que la mitad de las personas en las cárceles están en prisión preventiva.
Estos niveles de sobrepoblación dificultan enormemente la labor del Sistema Penitenciario. El personal es insuficiente, lo cual se refleja en la poca presencia de las autoridades en los recintos, lo que a su vez genera espacios con poca supervisión del personal y esto es aprovechado por los presos para tomar el liderazgo. Ante la gran población a atender, la logística penitenciaria se vuelve sumamente complicada y los servicios básicos y los de rehabilitación son escasos, por lo tanto la institución ya no logra garantizar los derechos mínimos ni cumplir con el propósito de rehabilitar a la población reclusa.
¿Por qué es importante que el Sistema Penitenciario funcione?
Las cárceles deberían funcionar como instituciones de prevención del delito y rehabilitación. Prevenir el delito implica tener control interno para que los reclusos no cometan delitos desde la cárcel, pero también implementar programas de rehabilitación a través de trabajo, estudio y programas específicos como de desintoxicación de drogas e intervenciones para cambios de conducta.
Se estima que cada año salen unas 5 mil personas de los centros carcelarios. También se tienen registros de que aproximadamente tres de cada cuatro personas en la cárcel tienen altas probabilidades de cumplir sus sentencias y retornar a la sociedad, por lo tanto es importante que dichas personas reciban tratamiento para su rehabilitación. Contar con un Sistema Penitenciario que cumpla su función beneficia a toda la sociedad, evitando la delincuencia desde la cárcel, la reincidencia al salir y con ella se reduciría también el hacinamiento.
Cambiando el modelo penitenciario
En el 2016, el Ministerio de Gobernación decidió trabajar una reforma profunda al Sistema Penitenciario, implementando un nuevo modelo de gestión penitenciaria, el cual cambia la forma de administrar las cárceles.
El objetivo del nuevo modelo es crear centros bajo el mando de las autoridades, teniendo suficientes espacios, cumpliendo las reglas del régimen interno y brindando una atención personalizada por parte de los equipos profesionales. La política de cero hacinamiento ayuda a eliminar los incentivos para cobros indebidos por la escasez de servicios, como es lo usual en los otros centros. Además el personal es sometido a evaluaciones periódicamente y supervisado de cerca.
Este modelo de gestión penitenciaria ya es realidad en el centro de Fraijanes I, el primero que funciona bajo esa modalidad desde marzo de este año, en donde 160 mujeres condenadas podrán participar en capacitaciones ocupacionales, programas de estudio y convivir en un ambiente humano y digno.
Se espera que durante el segundo semestre del presente año otras cárceles pasen a ser administradas bajo este nuevo modelo.
Los resultados de esta reforma penitenciaria y su impacto en los índices de delincuencia se observarán en el mediano y largo plazo. Retomar el control de los centros carcelarios es un proceso y es necesario que los esfuerzos continúen con determinación en el futuro. Lo bueno es, que ya está en curso la tan necesaria y anhelada reforma de una institución a la cual nadie le ha querido apostar.
