San Rafael Las Flores es un municipio del departamento de Santa Rosa, creado el 2 de marzo de 1860, durante el gobierno de Rafael Carrera. De acuerdo con la página de Wikipedia, “hasta entonces había formado parte del municipio de Mataquescuintla, y compartía terreno con el municipio de San Carlos Alzatate; sin embargo… los dos lugares se dividieron en dos municipios independientes de acuerdo a la demografía sus habitantes: los indígenas se quedaron en San Carlos Alzatate, mientras los ladinos ocuparon el terreno del municipio de San Rafael, y se establecieron en el departamento de Santa Rosa”. La misma fuente señala que en San Rafael Las Flores, con una población de poco más de nueve mil habitantes, “el 99.6% es gente de raza ladina”.

La mina Escobal, de Minera San Rafael, subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources, se encuentra en el municipio de San Rafael Las Flores. Tahoe Resources está inscrita en la Bolsa de Valores de Nueva York (TAHO, NYSE) y sus acciones se cotizan en esa plaza financiera. El 11 de julio de 2016, la acción de TAHO cerró a un precio de US$16.44 por acción, el 9 de junio de 2017 cerró en US$8.78 y a inicios de esta semana cerró en US$4.99. Esto significa que una inversión en TAHO que valía US$1,644 hace un año había bajado a un valor de US$878 hace un mes, y esta semana vale apenas US$499; una sustancial pérdida de patrimonio. El valor de mercado de la empresa es hoy menos de un tercio de lo que era hace un año, que se traduce en pérdidas de cientos de millones de dólares para los dueños de sus acciones.

La firma de abogados Khang & Khang LLP ha presentado una demanda, en representación de los accionistas que han tenido pérdidas, contra Tahoe Resources, que puede representarle a la empresa pérdidas por otros cientos de millones de dólares. El demandante aduce que Tahoe Resources no reveló oportunamente a sus inversionistas sobre la contingencia de una demanda presentada por Calas en contra del Ministerio de Energía y Minas, alegando la violación de los derechos de los pueblos indígenas xincas, al no haber realizado la consulta comunitaria con antelación al otorgamiento de la licencia minera. La puñalada a Tahoe Resources y sus inversionistas vino cuando, el pasado 5 de julio, la empresa anunció que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió las operaciones de la mina Escobal de Minera San Rafael, con el consecuente desplome del valor de su acción en los mercados financieros.

Los efectos negativos van mucho más allá de lo que se escucha en Guatemala; en los mercados internacionales el mensaje es claro, no inviertan en Guatemala porque no hay certeza jurídica. Un día le dan licencia con todas las de ley y después de invertir millones la suspenden por acciones judiciales espurias.

Sin duda, la industria de la protesta considera que ha anotado un gol, pero a costa de provocar pérdidas por cientos de millones de dólares, arruinar el patrimonio de muchos inversionistas, destruir empleos de miles de chapines, provocar pérdidas a numerosas empresas y dar un golpe fulminante a Guatemala como destino de inversión. Lo que para ellos es un triunfo a celebrar, solo fabrica pobreza. La industria de la protesta, más extractiva que la minería, pues solo extrae y no produce, tiene secuestrada a la institucionalidad del país.

Propongo que las municipalidades se queden con el 60% de los ingresos por regalías e impuestos que paga la actividad minera en sus municipios. Con una población de poco más de nueve mil habitantes, ¿se imagina el impacto que eso tendría para los vecinos de San Rafael Las Flores?

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