En procesos preelectorales del pasado, los líderes políticos se han reunido con pandilleros, tanto para que éstos dejaran a los ciudadanos emitir el voto en comunidades en riesgo, como para negociar prebendas a cambio de sufragios.
Hay casos comprobados de funcionarios públicos que aceptaron apoyo de pandilleros en período preelectoral, tales como grabaciones en video de reuniones de dirigentes de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como del izquierdista y ahora gobernante Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN).
También hay procesos judiciales contra líderes políticos electos -en las alcaldías de Apopa y Usulután, centro y oriente, respectivamente- que pagaron a pandilleros con empleos, dinero y otras prebendas a cambio de apoyo en las campañas electorales.
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Estimación
Se estima que en El Salvador hay unos 70 mil pandilleros. Sumando red de parientes y amigos, las Naciones Unidas estiman que casi medio millón de personas está bajo la influencia de las pandillas en este país centroamericano.
Entre 2012 y 2014, el gobierno del FMLN, presidido por Mauricio Funes, permitió una llamada tregua entre las pandillas, por medio de la cual bajaron los homicidios de 25 a 5 diarios, pero los líderes pandilleros continuaron cometiendo delitos desde las cárceles.
Por la referida tregua entre las pandillas, varios exfuncionarios de Funes, así como civiles que participaron en las negociaciones, están presos mientras son procesados penalmente por irregularidades en el uso de fondos públicos, entre otros cargos.
Las pandillas mantienen a El Salvador y a países vecinos como Honduras y Guatemala entre las naciones más violentas del mundo por sus altas tasas de homicidios, que se sitúan entre 60 y 100.000 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales de 2016 avalados por la Organización Mundial de la Salud.
