La organización también está formada por otros empleados aduanales, miembros de seguridad, supuestos empresarios y personas particulares, aunque hasta el momento solo se ha logrado la captura de 12 trabajadores de la SAT y aún están pendientes de detención presuntos empresarios.
En el proceso identificado como 01074-2008-06307 se estableció que esta agrupación logró la defraudación de al menos Q6 millones 200 mil en ocho meses de laborar en esa aduana.
Esta investigación comprueba los hechos anómalos detectados en esa portuaria. El MP inició la investigación después de denuncias planteadas por la SAT, cuando los formularios de un contenedor no correspondían a los datos proporcionados.
Los involucrados son sindicados de defraudación aduanera, caso especial de defraudación aduanera, incumplimiento de deberes y cohecho.
Por estos casos se espera obtener sentencias de siete a 10 años de prisión, pero a los funcionarios se les podría triplicar la pena.
Entre las irregularidades descubiertas por la SAT está la baja recaudación en los 16 puestos fronterizos del país, en donde laboran más de 950 personas.
Ganancias
Los cálculos establecen que al menos 50 contenedores que ingresaron de manera ilegal dejaron una ganancia de Q4 millones a los trabajadores aduanales, ya que el cobro oscilaba en unos Q80 mil por cada uno.
Esos Q80 mil se repartían entre los tres trabajadores del turno, por lo que cada uno podría haber percibido unos Q26 mil por cada contenedor que ingresaba sin registro.
Nadie sabe qué productos eran los que estaban en esos contenedores, ya que, aunque en las declaraciones se establecía que eran textiles, esto no pudo corroborarse porque nunca fueron revisados; además, los documentos de embarque y desembarque simplemente desaparecieron.
Las pocas boletas o declaraciones encontradas no respaldan la cantidad ni calidad de la mercadería y en algunos casos se logró establecer que los encargados de recoger los supuestos textiles eran empresas inexistentes.
En la Portuaria Quetzal se revisan un promedio de 400 contenedores cada día, pero desde que se dio la intervención solo se lograba la revisión de 15, lo que hizo pensar a las autoridades que algunos estaban evadiendo la revisión o escondiendo el verdadero producto que traían.
Forma de operar
Según la declaración de un colaborador eficaz, había cuatro grupos de trabajadores en la aduana de Puerto Quetzal que recibían instrucciones de un subadministrador a quien identificó como Henry Esteban López, quien esta prófugo.
López supuestamente les indicaba a los empleados qué contenedores debían dejar pasar y no someterlos a las revisiones normales de rayos X. Una vez obtenido el dinero, lo repartía entre los involucrados.
El colaborador explicó que cada día podían dejar pasar de dos a tres furgones, que supuestamente venían de Panamá o Corea; no había horario específico para recibirlos, solo necesitaban saber cuándo estaría de turno uno de los grupos ya contactados.
Cuando venían las navieras con los productos, embarcaban en la Portuaria Quetzal luego de hacer el pago de muelle y actividades administrativas. Después eran remitidos a la SAT para el pago de los impuestos; allí se trasladaban a la rampa donde sabía que estaban los empleados aduaneros.
Con documentación falsa en mano, los supuestos transportistas hacían los trámites y simulaban la revisión.
Los documentos localizados en las pesquisas demuestran que las formas aduanales eran falsas; nunca se supo qué clase de mercancía traían, debido a que no eran revisados, pero las autoridades no descartan que en alguno se pudieran haber trasegado fármacos, dinero o, incluso, armas y drogas.
Otra de las características de esta organización es que, aunque el producto venía dirigido a una persona, ocho días antes de la entrega se endosaba el cargamento a otra o a una empresa que se encargaba de retirar el producto de la aduana.
Cuando se requirió la información, los documentos habían desaparecido o se descubría la falsificación. Según lo dicho por el colaborador y corroborado por las investigaciones, los empleados no sentían temor, ya que tenían cómplices en el personal de seguridad.
En otras aduanas
Mynor Oxom, fiscal cotra el Contrabando Aduanero, aseveró que las acciones delictivas de los miembros de SAT no solo se producen en la Portuaria Quetzal, sino que se han detectado otros casos similares en la Portuaria Santo Tomás de Castilla y en Melchor de Mencos.
Entre estas dos aduanas se ha logrado la captura de otros siete agentes aduanales, por hechos similares.
Oxom refirió que las auditorías han detectado que, en varias zonas francas, empleados de Aduanas permitieron el ingreso de contenedores sin pagar tributos.
“Después de una serie de investigaciones, revisión y análisis de documentación comprobamos los faltantes”, detalló Oxom.
Entre las pruebas con que cuenta la Fiscalía están los documentos de importación y exportación.
Según las pesquisas, la mayoría de personas vinculadas tienen o han tenido nexos con la SAT y al conocer el manejo de los casos logran formar sus redes internas y externas.
Las investigaciones han determinado que no solo se les permitía el ingreso de contenedores sin revisión, sino que algunos de ellos importaron mercadería con la obligación de reexportarla, pero no lo hicieron así.
“La mayoría de trabajadores simulaban la salida de los contenedores con mercadería textil, pero al comprobar con las navieras, estas aseguraron que no habían realizado ningún viaje a la supuesta empresa”, afirmó Oxom. Mientras otros lograron, en contubernio con las autoridades de Aduanas, sustraer la mercancía para evitar el pago de los impuestos. Según la Fiscalía, hay documentación que indica que cada empresa ha defraudado de Q5 millones a Q400 millones.
Roban identidades
Esta agrupación también se dedicó a crear varias empresas de cartón y en algunos casos incluso usaron documentos sustraídos a diversas personas.
En la investigación el MP había logrado que se le dictara prisión preventiva a uno de los representantes legales de las entidades que recibirían el producto, pero cuando se da la aprehensión, el capturado aseguró que no tenía ninguna empresa.
Las pesquisas permitieron practicarle una prueba grafotécnica, basada en el documento presentado en el Registro Mercantil. La conclusión fue que no había rasgos coincidentes con la letra de la persona detenida, y al final se tuvo que desestimar la acción y esta persona quedó libre.
En otro caso se estableció que el embarque había salido de un puerto panameño y el propietario era, supuestamente, una empresa de cosméticos, pero cuando llegó a puerto guatemalteco, resultó ser una empresa ubicada en la zona 1 capitalina.
Al llegar al lugar, era una casa particular, y aunque estaba inscrita en el Registro Mercantil, no se localizaron indicios de la empresa.
