Explicó que desde el 2016, en el Congreso de la República hay una iniciativa de ley que busca crear una secretaría para atender a este sector; sin embargo, elimina al Conadi, lo que es contraproducente, pues hasta ahora esta entidad no se ha politizado y las acciones que realiza son de acuerdo con las necesidades actuales, pero con otra entidad podría haber aprovechamiento político.
Toledo, quien visitó recientemente Huehuetenango, considera que las personas con discapacidad tienen derecho de conocer la ley que se plantea y con la cual se ha trabajado por varios años para beneficiar a los 1.6 millones de guatemaltecos con esa condición.
“En esa Ley se plantea la necesidad de otorgarles un bono mensual equivalente al 50 por ciento del salario mínimo, para cubrir gastos médicos y de transporte necesarios para acudir a recibir asistencia médica”, expresó.
Hay desatención, pero sobre todo, falta de inclusión, pues existen personas con capacidad para desarrollar un trabajo que necesitan fisioterapias pero por la corrupción no se avanza. La discapacidad en Guatemala es fuerte”.
Señaló que no se puede justificar que se vive en un país pobre y que por eso no se invierte en la discapacidad. “Sabemos que esto implica esfuerzos estatales pero nuestra condición de país pobre no debe ser pretexto para dejar de trabajar por nosotros”, dijo.
El funcionario añadió que el país pierde Q500 mil anuales por no invertir en ese sector. La propuesta de Ley plantea que los discapacitados tengan una cuota de inclusión laboral en la iniciativa privada y sector público, el bono por su condición.
“Si ya dan beneficios a través del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Secretaría de Bienestar Social, como becas para mi primer empleo y otros apoyos, lo único que queremos es que incluyan a las personas con capacidades diferentes en esos programas”, afirmó.
Toledo aseguró que el bono que se otorga a distintos sectores se ha visto como una dádiva y mecanismo para ganar votos en las campañas electorales, lo cual debe cambiar, por eso pide a los 10 diputados por Huehuetenango que socialicen esa iniciativa y planteen de urgencia su aprobación, pues tiene beneficios reales para los discapacitados.
Hay desatención, pero sobre todo, falta de inclusión, pues existen personas con capacidad para desarrollar un trabajo que necesitan fisioterapias pero por la corrupción no se avanza. La discapacidad en Guatemala es fuerte”.
Desprotegidos
Francisco Martín Carrillo, activista en favor de personas con discapacidad, asegura que hay preocupación por el subregistro que existe, las condiciones de extrema pobreza no permiten tener un censo real, en las comunidades la población afectada padece penurias para subsistir.
“Hay desatención, pero sobre todo, falta de inclusión, pues existen personas con capacidad para desarrollar un trabajo que necesitan fisioterapias, pero por la corrupción no se avanza. La discapacidad en Guatemala es fuerte”, dijo.
Carrillo sostiene que se deben crear programas municipales y centros de atención para personas con capacidades diferentes. “No podemos seguir ignorando a este sector de la población, porque eso solo ocasiona mayor exclusión al no considerar su capacidad de aportar al desarrollo del país”, señaló.
