El quetzalteco Jordán Rodas Andrade fue electo por abrumadora mayoría en el Congreso de la República, pero precisamente el primer reto que tiene ante sí es tomar distancia de sus electores y rehuir cualquier compromiso político, pues el proceso de votación simplemente ha sido un trámite establecido por la ley, pero hasta allí.

Al prestar juramento deja de ser el candidato para convertirse en magistrado de conciencia, en defensor de los derechos de todos los guatemaltecos, por lo que debe ignorar, o en todo caso denunciar, cualquier tipo de presiones, exigencia de prebendas o de resoluciones ajenas al recto ejercicio de la misión de ombudsman.

Esta observación surge porque los diputados de la actual legislatura no han escapado a la triste tendencia, prevaleciente de hace décadas, de actuar no como dignatarios, sino como extorsionistas, prestadores de influencia y cobradores de favores políticos, que buscan sacarle rédito a toda designación. Prueba de ello son las chambonadas en que han incurrido en los nombramientos de Conamigua, entidad vital para los connacionales residentes en el extranjero, pero que se encuentra acéfala debido a las impugnaciones en contra de las personas designadas.

El abogado Rodas Andrade tiene en sus manos la decisión ética y legal de ejercer desde ya, aunque asuma el 20 de agosto, un mandato libre de presiones, independiente y equidistante de todos los sectores, incluyendo a los tres poderes del Estado, porque está amparado en la Ley de la PDH.

El nuevo procurador tiene que ignorar las presiones o críticas injustificadas de quienes actúan bajo otros móviles para maniatar a las instituciones que se muestran independientes de los poderes políticos. Su tarea no será fácil, sobre todo porque a pesar de la noble misión de la PDH, existe una buena parte de la población que asocia su función únicamente con la defensa de pandilleros y delincuentes.

Es por ello que resulta vital que emprenda una revisión exhaustiva de las prioridades de la institución, para poder brindar una atención global, multidisciplinaria, con enfoque de derecho pero también con cercanía a las angustias cotidianas de los guatemaltecos, quienes no encuentran en la PDH la exigencia genuina de la defensa de las garantías a la vida y la seguridad ciudadana, así como al respeto al derecho a la propiedad o al de libre locomoción, lo cual requiere una buena dosis de carácter y criterio.

El nuevo PDH no tiene en su currículo conocimientos amplios sobre derechos humanos, pero su recorrido por el mundo del derecho debería ser suficiente para conducirse en forma idónea en una institución que ha perdido el brillo de sus primeros años, quizá por el acomodamiento de su alta dirigencia o por temores a las críticas sectoriales.

Haber sido electo, pese a esta carencia, abre la puerta a la discusión acerca de romper el monopolio que tienen los abogados respecto de dirigir esa institución, ya que existen numerosos profesionales de áreas sociales, humanísticas o científicas que conocen a fondo los males que a diario atentan contra las garantías fundamentales del guatemalteco, cuya defensa requiere de independencia, empatía y asertividad.