La inversión pública en carreteras, puentes, caminos rurales, edificios, puertos u otras obras físicas no avanza. Un punto de partida para resolver este problema sería reconocer que el proceso de inversión pública involucra varias etapas, que deben estar bien articuladas entre sí para asegurar una implementación eficaz de proyectos concretos.

Estas etapas comienzan con la definición estratégica de prioridades macroeconómicas y de desarrollo, que deben reflejarse en proyecciones de ingresos y gasto público y planes de inversión pública. Viene después el análisis de proyectos concretos de inversión, tomando en cuenta sus costos y beneficios. Requieren un trabajo técnico especializado y consultas. Identificados los proyectos, deben establecerse los procedimientos para ejecutarlos. Normalmente van desde su inclusión en el presupuesto nacional, con una perspectiva multianual —porque las inversiones generalmente toman más de un año y requieren mantenimiento— hasta la determinación de los procesos de contrataciones. Hay que asegurar que se cuente con los recursos disponibles para la ejecución de las inversiones, incluyendo la posibilidad de convenir alianzas público-privadas. Además, corresponde monitorear los proyectos, evaluar sus resultados y sujetarlos a una rendición de cuentas.

La discusión actual sobre el tema de la inversión pública no está tomando en cuenta todas estas etapas del proceso de inversión pública. El debate está centrado en sólo una: la de contrataciones. Parece olvidar dos temas fundamentales: la orientación estratégica de las inversiones, con base en prioridades nacionales de desarrollo y no en preferencias de un selecto grupo de empresarios, y la reforma del perverso andamiaje institucional de implementación de los proyectos, que involucra a ministerios, alcaldías y consejos de desarrollo.

Las reformas recientes de la Ley de Contrataciones, hechas en un contexto de aguda corrupción, introdujeron una serie de controles muy exigentes. Su implementación requiere, casi, la existencia de un servicio civil del siglo XXII. Aunado a un nuevo estilo de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, que no parece distinguir entre faltas administrativas y delitos, no sorprende que numerosos funcionarios tengan temor a participar en juntas de licitación y aprobar proyectos de inversión.

En una respuesta típicamente coyuntural, el gobierno ha propuesto declarar el estado de calamidad en relación a las carreteras para no tener que aplicar la nueva ley de Contrataciones. Por su parte, el Congreso está contemplando la formulación de una nueva Ley de Contrataciones: supuestamente sería una medida de más largo plazo para resolver los problemas existentes.

Ninguna de las dos propuestas resolverá los problemas de fondo. Declarar el estado de calamidad parece reflejar el dicho de que “hecha la ley –en este caso la actual Ley de Contrataciones reformada-, hecha la trampa”. Pero si la implementación de esta ley requiere un servicio civil de lujo, ahora inexistente, ¿no sería mejor establecer una unidad especializada, de élite, con alto nivel de comprensión técnica de las obras y con un conocimiento profundo de las dimensiones legales de los procedimientos actuales de contrataciones, para asesorar adecuadamente a las entidades ejecutoras como el Ministerio de Comunicaciones o a las propias municipalidades?

Y en cuanto a crear otro nueva Ley de Contrataciones, ¿no convendría mejor contemplar previamente una reforma institucional profunda para reasignar las responsabilidades de ejecución de la inversión pública? ¿No sería mejor derogar aquellas leyes que han delegado tantos espacios para la corrupción —más que la capacidad de ejecución— a municipalidades y a consejos de desarrollo?

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