Ávila perdió su inmunidad el pasado 21 de febrero, después de que en octubre del 2016 la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) trasladó una denuncia que recibió de forma anónima al Ministerio Público, en la cual se afirmaba que Ávila buscaba influir en el Registro de la Propiedad en favor de algunos trabajadores, entre ellos su padre, Roderico Ávila.
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Según la fiscalía del Ministerio Público (MP) la funcionaria habría acudido en esa fecha a la institución, de donde habían sido despedidos trabajadores para intervenir en favor de estos. Según la acusación, Ávila le ordenó a los agentes de Policía Nacional Civil (PNC) que habían acudido en prevención a disturbios, que se retiraran del lugar, además solicitó hablar con el registrador para pedir explicaciones de la situación, acciones que según el MP no están dentro de sus funciones.
Ávila reconoció que el día de los hechos recibió una llamada de su padre para informarle que agentes estaban en el lugar intimidando a trabajadores, por lo que dijo haber acudido únicamente para supervisar el trabajo de los agentes, algo que afirmó “es parte de mi trabajo”.
Asimismo, la funcionaria aseguró que no tenía relación con su padre “desde que tenía 2 años”, cuando sus padres se separaron.
La fiscalía presentó fotografías y videos de Ávila cuando llegó al Registro, en los mismos se ve a la funcionaria junto a los trabajadores de la institución y también con su padre, a lo que la gobernadora respondió que ella solo lo había saludado más no había hablado con él, puesto que fue hasta días después que este la llamó para informarle que no estaba entre el listado de los despedidos.
Como parte de las pruebas, la fiscalía cuenta con declaraciones de agentes que informaron a la fiscalía que la gobernadora les había ordenado retirarse del lugar, sin antes consultarlo con los mandos superiores de estos, además del relato del registrador quien afirma que la gobernadora le pidió explicaciones sobre el porqué no había reinstalado a los trabajadores.
La juzgadora le concedió medidas sustitutivas a Ávila por lo cual no estará en prisión mientras transcurre el proceso, tiempo durante el cual deberá firmar un libro de actas cada 15 días y tiene prohibido salir del país. La fiscalía no se opuso.
También se fijó un plazo de tres meses para que el MP siga con la investigación y en noviembre próximo se decidirá si debe ir a juicio por los dos delitos. Se prohibió a la funcionaria acercarse a las personas involucradas en el proceso.
Carlos Calderón, abogado defensor de Ávila Guzmán, señaló que la Gobernadora únicamente había llegado para supervisar el trabajo de los agentes quienes debían estar prestando seguridad a la ciudanía en la zona 2 y no en la institución.
Calderón indicó que la gobernadora había sido atacada desde que inició sus funciones en el cargo por ser mujer y estar en la política. Aseguró que quizás sería su último día en el cargo pues el jueves el Presidente tomaría una decisión por un Amparo que la obliga a dejar el cargo.
