La alianza de entidades de prensa, integrada por 16 asociaciones y cámaras de periodistas y comunicadores sociales en ocasión de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en el país para evaluar de cerca la situación de estas garantías, recibir información de las autoridades y de la sociedad civil así como verificar aspectos relacionados con la justicia, seguridad ciudadana, desigualdad, discriminación y libertad de expresión, hizo ver, en un comunicado, la situación que enfrenta el gremio en el país.

En nombre de esta unidad gremial, inédita en el país, nos hicimos presentes en la audiencia que se concedió a la sociedad civil, y reiteramos la solicitud de que se inste al Gobierno para que a la brevedad se instale el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales y se inicie su construcción, gestión que Cerigua ha realizado desde el 2012, y desde el año anterior se ha impulsado también por la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala y Cronistas Deportivos Guatemaltecos y 11 asociaciones departamentales.

Nuestras entidades reiteran al relator de la Libertad de Expresión, Edison Lanza, el contenido de los informes que le hemos enviado en relación con el escenario peligroso y hostil en que los periodistas realizamos nuestro trabajo, así como la impunidad que sigue cobijando a los asesinos y a los actores que limitan, restringen, agreden y violentan la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información, a pesar de las acciones que ha tomado la Fiscal General y la Fiscal de Derechos Humanos.

En el comunicado señalamos que del 2013 a la fecha se han registrado 19 casos de muertes violentas de comunicadores, aunque no se ha podido verificar, debido a la lentitud de la justicia, si esos asesinatos estuvieron directamente relacionados con la labor periodística.

Desde el 2012, cuando Guatemala pasó el Examen Periódico Universal, han ocurrido más de 258 agresiones; las acciones del crimen organizado y del narcotráfico han implantado la censura y la autocensura en el gremio, violando así la libertad de prensa y el derecho a la información de la sociedad, ya que hay temas riesgosos que no pueden ser cubiertos en el área rural por nuestros colegas, que son los que se encuentran en mayor vulnerabilidad. La casi totalidad de asesinatos han ocurrido en los departamentos. Políticos, alcaldes y diputados también han censurado o amenazado a reporteros y periodistas.

En nuestra intervención ante la Comisión, informamos de viva voz que del año 2000 a la fecha, 37 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados y, a pesar de las reiteradas gestiones para la creación de un Programa de Protección a Periodistas, compromiso asumido por el Estado de Guatemala en Ginebra 2012 y ratificado en varias oportunidades, aún no hay nada concreto.

El presidente Jimmy Morales, el 18 de julio de 2016, ante una representación del gremio y altos funcionarios de su gobierno, avaló totalmente la propuesta que hicimos en atención a la situación de inseguridad de nuestros colegas, particularmente en el área rural, así como al llamado que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a los Estados para crear estos mecanismos para atenuar los riesgos que corren los periodistas.

Solicitamos a la Comisión que inste al Gobierno para que a la brevedad instale el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, que cuenta con el total aval del presidente, y que se inicie su construcción.