Ahora la Sala Segunda de Apelaciones deberá, con base en el informe y recomendación de Ruiz, resolver si retira o no el derecho de antejuicio contra el jefe edil.
El funcionario es implicado por la Feci en el caso Financiamiento electoral al Partido Unionista, por el cual fue elegido concejal primero en 2011 y 2015, y alcalde en 2019.
La pesquisa sostiene que la municipalidad fue utilizada para planes y estrategias para generar o aumentar simpatías entre los habitantes de la capital hacia el partido, a fin de asegurar la victoria electoral.
“El Partido Unionista instrumentalizó a la Municipalidad de Guatemala, conformando un grupo que de forma organizada y sistemática, durante 2011 hasta 2015, llevó adelante los planes y estrategias partidistas y procuró que fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu) sufragaran dichas actividades del partido político Unionista y de la administración de Álvaro Arzú Irigoyen, con el fin de perpetuarlos en el poder municipal”, precisó un comunicado de la Cicig el 14 de junio último, cuando se presentó el caso. Ocho días después se formuló la solicitud de retiro de antejuicio contra Quiñónez.
El señalamiento contra Quiñónez radica en que supuestamente él, así como Víctor Martínez, elegido en 2015 concejal segundo y actual ministro de Finanzas, autorizaron aquellos planes para emplear la maquinaria municipal a favor del partido.
El 26 de septiembre, Quiñónez se presentó ante Ruiz para presentar las pruebas de descargo. “Es un caso político de fondo y forma”, dijo en rueda de prensa.
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