La masiva captura de personas vinculadas con el asesinato de Byron Lima complementa un tenebroso rompecabezas en el cual se percibe la imagen de un sistema derruido, a merced de mafias enquistadas en el Estado, lo cual explica los vasos comunicantes entre distintas redes criminales que operan en todos los niveles.

El asesinato de Lima se constituyó en un caso estremecedor, porque este militar era considerado como el amo y señor de las prisiones y sobre él pesaban denuncias por extorsiones que ejercía para arreglar traslados, ubicaciones y protección dentro de los distintos reclusorios del país.

El último hecho en el que se le vio involucrado fue cuando lo detuvo un grupo de agentes y fiscales, en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fuera del presidio donde se suponía debía estar, y además mintió respecto del destino al que supuestamente se había dirigido, lo cual desveló el abuso y libertad con la que operaba, pese a existir denuncias previas sobre su libertad de movimiento.

Con esos antecedentes es que resulta mucho más difícil explicar que otro comando, dirigido por otro poderoso reo hubiera tenido las agallas de ordenar su muerte en el penal y matar a otras 13 personas, con una frialdad y espectacularidad que a la vez ponen en perspectiva el poderío de la delincuencia para eliminar de su camino a gente con poder, no solo dentro de los reclusorios, sino que además tiene nexos con los más altos niveles de autoridad.

Esa facilidad para liquidar a más de una docena de personas, en un lugar donde ni siquiera se concibe que pueda ingresar un lote de armas y explosivos, es muestra de las siniestras interrelaciones entre delincuencia, autoridades y quienes a su vez se benefician de las operaciones ilegales, porque al final el hecho se reduce a una pelea de territorio entre capos que se disputaban los recursos que se obtenían de las ilegalidades cometidas en los penales o del tráfico de drogas, dentro y fuera de las rejas.

Este sería uno de los papeles de María Martha Patricia Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom, quien está sindicada de haber ingresado explosivos en la Granja Penal Pavón, donde ocurrió la matanza, lo cual habría logrado con la colaboración de un funcionario de menor rango. De hecho, Lima, quien temía ser atacado, se protegía con un chaleco antibalas, y a eso obedece que supuestamente el sindicado de haber ordenado su muerte pidió que le dispararan a la cabeza.

Hasta allí la turbia interrelación en los penales entre jerarcas del crimen, pero deben destacarse los vínculos de Lima con figuras relevantes del gobierno patriotista, partido al que habría ayudado de manera dispendiosa para que alcanzara la Presidencia, con la condición de que le permitiera controlar las prisiones, lo cual se concretó con la victoria de esa agrupación.

En esta red, a la que bien ha denominado la Cicig Asesinatos por poder, control y negocios, confluyen figuras emblemáticas de la criminalidad más atroz, pero hacia lo externo los nexos son mucho más preocupantes, porque existe suficiente evidencia de los aportes que Lima hizo a la campaña del patrioterismo, cuyos máximos dirigentes se encuentran hoy tras las rejas o prófugos.