El preámbulo de la Constitución Política de la República dejó explícita la decisión de los constituyentes de impulsar la plena vigencia de los derechos humanos; sin embargo, es un hecho notorio que este anhelo no ha sido cumplido. Y uno de los terribles ejemplos ha sido la falta de protección a menores de edad, por eso es loable la decisión de los 93 diputados del Congreso de modificar los artículos del Código Civil referentes a la aptitud para contraer matrimonio. Los otros se resisten a aceptar la realidad.

Estas normas eran aberrantes, además de discriminatorias hacia las mujeres, al determinar que el varón mayor de 16 años y la mujer mayor de 14 podían contraer matrimonio, siempre que mediara autorización de los padres o tutores. Violaban también el principio de igualdad contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana y en la Convención sobre los derechos del Niño. Además de que las niñas, debido a las condiciones sociales y algunos aspectos culturales, no han sido la prioridad para ir a la escuela. Contraer matrimonio era un elemento más para truncarles su derecho a la educación, con consecuencias fatales para su futuro, baja preparación, baja calificación y desigualdad en el acceso a oportunidades. Pero lo más grave, la exposición a riesgos de un embarazo, parto y maternidad a edad demasiado temprana, y exponía a la niña a una muerte materna infantil, tal como lo constatan las cifras de menores de edad fallecidas por esta causa.

El matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos. Ellas se ven obligadas a acatar la voluntad de sus padres, con lo cual se pone en riesgo su vida y su salud. Desde el año 2013, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha realizado intensas campañas para que se ponga fin a esta práctica. Organizaciones nacionales e internacionales de Mujeres, entre ellas el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, así como activistas y abogadas han trabajado vehementemente en defensa de esos derechos. Por eso es de reconocer que se hayan eliminado las partes de los artículos que contenían las excepciones por las cuales el matrimonio infantil era permitido.

Pero hay que tener presente que en Guatemala hay condiciones sociales y componentes culturales que configuran conductas que no son fáciles de abordar y de erradicar que constituyen flagrantes violaciones a derechos. En algunas comunidades, principalmente rurales, las bodas o uniones de hecho y los embarazos en menores son frecuentes, según han revelado varias fuentes. Se compromete a las niñitas pequeñas con hombres mayores, se hacen tratos por dinero o por enseres que servirán a la familia; es decir, se concretan negocios con vidas humanas, que no se ve mal, porque “así ha sido siempre”.

Y como complemento, se prepara a la niña en los quehaceres domésticos y se le enseña a “atender al marido”. Esas prácticas deben ser erradicadas de la sociedad; es una deuda con las niñas, jóvenes y mujeres que han sido víctimas del patriarcado y el machismo, las cuales han generado exclusión y discriminación.

La escuela es un centro de socialización y conocimiento. Educar es prevenir, es importante quitar los prejuicios sobre aspectos sexuales. Si los niños y las niñas saben, tienen menos vulnerabilidades. Los tabúes, el morbo y la carencia de educación sexual y reproductiva son factores que incrementan el riesgo. Ya tenemos suficientes dramas con el elevado número de niñas madres reportadas constantemente.

Falta un paso más, difícil pero necesario: evitar las uniones de hecho de menores de edad.

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