Nuestro país se está acercando peligrosamente al despeñadero y la mayor parte de personas parece no darse cuenta. La certeza jurídica parece un chiste de mal gusto y se asemeja más a la mítica carabina de Ambrosio que a un régimen de verdadero estado de Derecho, en donde la ley se respete, se protejan los derechos individuales y se haga justicia. Si la situación no cambia, el futuro pinta cada vez más sombrío.

El caso emblemático a este respecto es el de la minera San Rafael. Por una decisión errónea —y además con varias irregularidades— de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se ha suspendido la operación de esta mina. Las repercusiones que esa decisión puede tener para todos los guatemaltecos son enormes.

Lo más importante son los precedentes que se están sentando sobre la falta de certeza jurídica, que tarde o temprano nos pueden afectar a cualquiera. Ahorita es el caso de la mina, pero más adelante puede ser cualquiera de nosotros los acusados por algún motivo y que enfrentemos un sistema que no respeta los derechos y se pasa por encima de la ley. Lamentablemente, el mensaje que están enviando es que en Guatemala cumplir la ley no es garantía, ya que de todos modos, si lo quieren clavar a uno, lo pueden hacer y el sistema se presta para ello.

Lo peor es que muchos se alegran porque se lo están haciendo a la mina, pero ya quisiera yo ver que se lo hagan a ellos o a un ser querido, y entonces me cuentan si seguirán tan contentos y felices. Es el problema de no defender principios: tarde o temprano el sistema se vuelve en contra de todos, aún de los que se alegraban porque abusaran de los demás.

Pero mientras las repercusiones jurídicas las veremos en el mediano y largo plazo, las repercusiones económicas las veremos a corto plazo. Son miles de personas, tanto en la minera como en sus empresas proveedoras, las que ya se empiezan a quedar sin empleo. Esto de por sí es una tragedia en un país como Guatemala, donde la generación de empleo formal es tan escasa. Pero lo es mucho más cuando un gran porcentaje de esos empleos fueron creados en un área rural con casi ninguna otra oportunidad. La actividad económica en esa región, que se había dinamizado con la operación de la mina, generando nuevos negocios y oportunidades de empleo, se ha paralizado y, de no retomar sus operaciones la mina, regresará al estancamiento y atraso en que se encontraba hace unos años. A eso hay que añadir un retroceso en la economía, caída en las exportaciones, caída en los ingresos fiscales y muy probablemente demandas multimillonarias que al final terminaremos pagando los tributarios.

Las repercusiones no se quedan allí. La falta de certeza jurídica ahuyenta las inversiones. Ya hemos visto cómo muchas inversiones se han ido de Guatemala a otros países, pero no hemos visto todas las inversiones que se podrían haber hecho en nuestro país pero que ahora nunca se harán. ¿La consecuencia? Más pobreza, más emigrantes que partirán a buscar oportunidades en otros países, arriesgando su vida en el intento.

Pero mucho de eso se podría evitar si tan solo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad fueran por lo menos consistentes con sus propias sentencias. Ya en el caso de la hidroeléctrica Oxec dijeron que esa sentencia establecía un “marco” para los casos relacionados con el acuerdo 169 de la OIT, pero a los magistrados de la CSJ les vino del norte y al poco tiempo suspendieron la operación de la mina. ¿Será que los magistrados de la CC tendrán algo de dignidad todavía y le corregirán la plana a la CSJ? Espero que sí, por el bien de todos los guatemaltecos.

Fb/jjliber