La lucha frontal en contra de la corrupción y la impunidad, encabezada por CICIG y el MP, tenía que crear reacciones diversas provenientes de personas e instituciones acostumbradas a operar amparadas en la ilegalidad y el delito. En sus inicios, estas manifestaciones se hicieron visibles debido a la habilidad de abogados e implicados para retrasar y bloquear los procesos penales, sea a través de abuso del recurso de amparo o la recusación de jueces, entre otros.  Paralelo a ello, fue surgiendo una especie de lealtad delictiva que ha unido a diferentes actores en contra del proceso de depuración institucional, fundamentalmente algunos políticos y empresarios, quienes aún sin conocerse se identificaron entre sí por ese eje transversal que los cruza de pies a cabeza: el irrespeto a la ley y su naturaleza delictiva.

Estos actores han recurrido a estrategias perversas como esparcir el rumor de que la lucha contra la corrupción tiene un sustento ideológico. Han expresado que esa lucha está afectando nuestra soberanía. No satisfechos con ello, han planteado que la misma está neutralizando y reduciendo la actividad económica debido a la fiscalización que ha estado ejecutando la SAT y los severos controles establecidos por la IVE. Muchos de estos actores integrados coyunturalmente por esa lealtad delictiva, han tenido un largo historial de delitos de todo tipo. Se acostumbraron a vivir al interior de un modelo corrupto que les implicaba grandes ganancias, pagando salarios miserables, elaborando productos adulterados, evadiendo impuestos y sobre todo, cooptando las instituciones del Estado siempre que les fuera posible. Con una habilidad fuera de serie, manejan esos rumores a su antojo, cuyo objetivo es crear una oposición sistemática a la fiscalización a la cual están siendo expuestos.

A pesar de las complicaciones la lucha contra la corrupción y la impunidad ha continuado y se sustenta con un sólido apoyo popular. Ante ello, la impotencia de los de los implicados en corrupción —sometidos ya a una evidente desesperación— les hizo elaborar un absurdo plan utilizando al presidente Morales como punta de lanza, declarando non grato al comisionado Iván Velásquez. Inaudito error presidencial. La sociedad civil, el cuerpo diplomático, las organizaciones internacionales y la academia, cerraron filas de inmediato en favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya sólo es cuestión de tiempo, el cambio de autoridades será imprescindible e irreversible. A nosotros como pueblo nos queda encarar el presente con valor y decisión, creer en un mejor futuro para todos. Sumar desde nuestras propias instancias acciones comprometidas a desterrar y para siempre la corrupción. El Estado de Guatemala nos pertenece a todos, ningún tipo de oligarquía corrupta tiene el derecho a secuestrarlo. Eso terminó.

A partir de ahora la lucha contra la corrupción debe ser frontal e implacable. Pero paralelamente no podemos dejar de considerar la necesidad de tener un gabinete de gobierno integrado por personas honestas, capaces y comprometidas, que se sumen para enfrentar los gravísimos problemas que padecemos: violencia, pobreza, enfermedad y caos infraestructural. Esta nefasta experiencia vivida ayer, ese domingo negro que no podremos olvidar, deberá dar paso a una unidad nacional más fortalecida y comprometida. Nos quedan como aliento las palabras de Vaclav Havel: “La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que lo que hacemos tiene sentido”. Vamos Guatemala, porque esta patria nos pertenece a todos.

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