Este martes dos audiencias del caso Fénix fueron suspendidas, en una se conocería la modificación de medidas cautelares de dos detenidos quienes buscan retirar el embargo de sus cuentas bancarias y en otra diligencia se escucharía la defensa de cuatro implicados.
Ayer la jueza Erika Aifán explicó en su oficina que las audiencias fueron suspendidas porque la oficial que se ausentó lunes y martes no notificó a los implicados, pero no es la única acción que incide en el proceso según la jueza. Guzmán fue señalada por la jueza de perder el expediente 39 de ese caso.
“Las audiencias que programamos llevan un trabajo previo, cuando tenemos audiencias con personas detenida, como el caso de las audiencias de hoy – martes-, hay que hacer el llamado de presos o las citaciones al Sistema Penitenciario, en este caso lo teníamos que hacer ayer – el lunes, pero no contábamos con los expedientes y las audiencias se suspendieron porque no fue posible avisarles a las partes con antelación porque no teníamos números de teléfono, correo o fax”, expuso Aifán.
Mientras la jueza brindó declaraciones a la prensa, otras tres empleadas de ese juzgado que se ausentaron el lunes último cuando denunciaron públicamente “malos tratos” por Aifán en televisión, laboraban con normalidad. Antes hubo una reunión del personal y la juzgadora en la que se planificó lo que se haría en la jornada.
El ambiente en el juzgado es hermético debido a que Aifán perdió confianza en algunos oficiales, comisario y notificador. El lunes último señaló: “me preocupa un poco y es donde veo la unidad de hechos. La información que se filtró es del caso Fénix”.
Cinco empleados del juzgado han señalado que Aifán los amedrenta en sus labores y llega hasta amenazarlos con “denuncia” cuando no le parece algún trabajo. La jueza se argumentó el lunes último que lo que ha hecho es “girar instrucciones”.
Los empelados que se han expuesto contra Aifán argumentando violaciones laborales son Guzmán, oficial; Sulma Ajú, oficial; Ingrid Cuquej, oficial; Loida Lux, comisario y Pedro Hernández, notificador. Aunque solo Guzmán y Hernánez han denunciado a la jueza.
En la audiencia del sábado pasado cuando Guzmán quedó en libertad por falta de mérito el juzgado de turno “certificó lo conducente” -denuncia que pasará al Ministerio Público- contra Aifán por los señalamientos de violaciones laborales, aunque una investigación.
Verificación
El subdirector de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Geovani Guzmán, se presentó al juzgado por una “denuncia anónima” que se hizo de un trabajador vía telefónica señalando que supuestamente Aifán estaba coaccionando al personal a declarar ante medios de comunicación en su favor.
Ante esta situación la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad se pronunció en favor de Aifán y pidió a la Corte Suprema de Justicia “actúe con base a las denuncias interpuestas en su momento por la jueza, inicialmente trasladando al personal que fue señalado de entorpecer el desenvolvimiento”.
La Dirección de Comunicación Social del Organismo Judicial aclaró que el personal asignado a los juzgados los selecciona Recursos Humanos y que será el Régimen Disciplinario la que resolverá las denuncias.
Caso Fénix
El caso Fénix fue reabierto por la Feci el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo hijo del operado político Gustavo Herrera Castillo.
Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco asilado en Nicaragua, y 31 personas, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.
La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.
Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Herrera Castillo se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecusión política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.
Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.
El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.
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