De nuevo nuestro país está envuelto en una crisis que no sabemos si realmente ya llegó al final, aunque ya tenemos la primera definición con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, cuyo fallo deja sin efecto, en definitiva, la decisión del presidente de la República Jimmy Morales, de pretender expulsar del país al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez.

Al haber resuelto que se deja en suspenso de manera definitiva el acto reclamado, en referencia al amparo interpuesto por el procurador de Derechos Humanos para evitar la expulsión del comisionado, el Tribunal Constitucional aporta sustancialmente a poner un alto a la creciente e indeseable confrontación social que se estaba gestando.

Fue patético lo ocurrido y hasta insólito que el incendio iniciara con una noticia falsa de un medio internacional, reproducida por medios nacionales, según la cual el presidente habría pedido al secretario general de la ONU el retiro del señor Velásquez. En conferencia de Prensa realizada en el momento de la reunión mencionada, en donde el MP y la Cicig anunciaron el antejuicio contra el presidente por el delito de financiamiento electoral ilícito, los titulares de esas entidades hicieron eco de esa noticia falsa y la anunciaron, aunque rectificaron casi de inmediato.

En ese contexto, el presidente Morales, probablemente exasperado por la decisión de dichos entes, de manera intempestiva, ilegal e irresponsable decidió declarar Non Grato al comisionado y ordenar su inmediata expulsión del país.

En concordancia con lo absurdo del caso, el presidente emitió una “declaración” en un papel sin validez, por lo que, en realidad, lo único que significaba era una manifestación de expresión del pensamiento.

Es impropio que, basándose en rumores y en reacciones irreflexivas, funcionarios de tan elevado nivel tomaran decisiones que han provocado un cisma que ojalá logremos remontar. Especulaciones, manifestaciones, insultos, posturas encontradas, amenazas y hasta solicitud de renuncia del presidente se fueron dando de manera acelerada. Unos y otros grupos fueron llamando a sus aliados. El gobierno también los tuvo, incluso más de 200 alcaldes convocados de emergencia patentizaron al gobernante su apoyo.

Entidades serias y comprometidas con el país, como la Universidad de San Carlos, grupos sociales y tanques de pensamiento como Asíes hicieron un llamado a la cordura, a mantener el orden institucional y a integrar una instancia de concertación ciudadana.

El alto Tribunal, en su fallo, advirtió de que el documento carece de las solemnidades formales que la Constitución prescribe, ya que fue firmado únicamente por el presidente, sin referendo del ministro de Estado que corresponde, por tanto resulta nulo de pleno derecho.

Y un aspecto fundamental, la CC invocó también el acuerdo relativo al establecimiento de la Cicig que preceptúa que toda controversia entre las partes se resolverá por negociación entre ellas o por otro medio de solución mutuamente convenido.

Si continúa esta tendencia que siguen empujando algunos intereses grupales, corporativos y personales de seguir echándole sal a las heridas, buscando satisfacer sus propias ambiciones y dejando de lado los intereses colectivos, pueden crearse condiciones indeseables que nadie sabe cómo terminarían.

La prensa y los periodistas estamos llamados a contribuir a mantener la institucionalidad y la paz social, a ser responsables con la información que difundimos; esparcir rumores, dar cabida a chismes o promover la confrontación ni cabe en nuestra función profesional, ni seremos parte de la solución.

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