El sentimiento es de hartazgo por el ruido de las redes y los continuos clacs de los medios. La polarización ha calado como nunca nuestra sociedad. Se es negro o blanco. A favor o en contra. No hay medios, no hay diálogos y los neutros son anatema. No se puede estar en contra de Don Iván y criticar una coma de su guion sin ser metidos en la red de los rebeldes anarquistas enemigos de la paz, socios de la corrupción y la impunidad. Da pena, pero es así. Tampoco hay espacio para eliminar los extremos y debatir en mesas de diálogo en centros serenos.

Desde hace años muchos guatemaltecos reclamamos, demandamos, exigimos el combate a la corrupción y a la impunidad mediante investigaciones rigurosas apegadas a derecho. Incontables columnas, programas, campos pagados, discursos, entrevistas criticando a esta y a las anteriores administraciones están ahí, en la memoria histórica, para comprobarlo. Siempre se ha insistido en que tenemos un Estado con un problema sistémico cuasi colapsado que hay que reformar.

Y por supuesto: Es evidente que en esta crisis las mafias están aprovechando esta laceración abierta, supurando sangre de crisis, introduciendo sus bacterias para crear una infección mayor con el propósito de sacar a la Cicig de en medio y poder continuar esquilmando ese 25 por ciento del presupuesto general de la Nación, según datos del Banco Mundial.

Los medios internacionales no lo replican, pero a sotto voce —se admite en círculos afines a Cicig— que el inicio de esa infección la incuba la Fiscal General con anuencia de Don Iván cuando: 1. Se captura y se inicia juicio contra el hijo y hermano del presidente por un delito ajeno al ámbito penal, como lo aseguran connotados juristas. Perjudicar las relaciones con el presidente para una Cicig que se nutre de la total cooperación del gobierno para su buen desempeño es un absurdo. 2) Intromisión en asuntos de Estado, promoviendo reformas constitucionales ajenas a su competencia en vez de “recomendar” sobre áreas específicas de su mandato. 3) Desestimar la investigación de cuerpos y mafias ilegales perfectamente encajadas dentro del mandato, pero enfatizar ciertos casos, negándoles arresto domiciliar o medidas sustitutivas.

No entraré a analizar el enredo de contar con un Comisionado declarado non grato por el gobierno que suscribió el acuerdo de la Cicig. Ya eso es secundario ante el grave riesgo que representa para la “República” que una Corte de Constitucionalidad en el trámite del amparo haya violado “todas las normas de la Ley de Amparo que regulan el procedimiento (artículos 34, 35, 37, 38 y 42) a saber: no emplazaron como terceros a los ministros; no corrieron a las partes la primera audiencia de 48 horas; no abrieron a prueba; no corrieron la segunda audiencia de cuarenta y ocho horas a las partes; no señalaron día para la vista y, peor aún, el amparo definitivo solo puede concederse en la sentencia que debe dictarse después de haberse agotado el trámite del procedimiento. Los magistrados emitieron, en consecuencia, una orden manifiestamente ilegal al dejar sin efecto la declaración de non grato emitida por el presidente y conminar a los ministros de la Defensa y Gobernación, y al director de la Policía Nacional Civil, a no cumplir la orden de expulsión del Comisionado.

No tengo más espacio para ampliar este análisis que connotados juristas ven como una aberración que atenta contra nuestra Carta Magna y, en consecuencia, nuestros derechos constitucionales. La Constitución debe prevalecer. El combate de la corrupción y la impunidad es obligado. La mesa de diálogo debe abrirse sin los extremos. El pacto social debe iniciarse. La Cicig debe continuar.

Don Iván debe irse.

alfredkalt@gmail.com