En este sentido, la Red Lésbica Cattrachas documentó que desde 2013 hasta la fecha, 14 personas ha sido asesinadas “inmediatamente después” de su retorno forzado.
Las organizaciones civiles demandaron que las instituciones de derechos humanos desarrollen estándares de protección, enfatizando en aquellos colectivos más vulnerables, como niños y niñas, mujeres y personas del colectivo LGBTI.
Y que estos, a su vez, constituyan las bases mínimas a partir de las cuales los Estados desarrollen legislación, políticas públicas y jurisprudencia respetuosa con los derechos humanos.
Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), pidió además a la CIDH que dé “seguimiento cercano a esta crisis”, que realice visitas para constatar la situación y que inste a los países a recopilar estadísticas e información sobre las personas que necesitan protección y les proporcione atención médica y psicológica.
El comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas Silva dijo que se está contemplando la posibilidad de impulsar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “para ver si esta se pronuncia de tal manera que pueda llegar a todos los Estados”.
Además, en la Comisión van a elaborar un texto que recoja los principios de protección que todos los países de la región deberían establecer para la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados.
“Estamos trabajando con la idea de ver si la Comisión lo aprueba en 2018”, señaló Vargas.
Guatemala
Deportados de Triángulo Norte pueden recaer en violencia, denuncian ante CIDH
Los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica que son deportados no cuentan con un plan de protección integral en sus países, por lo que corren el riesgo de volver a ser víctimas de violencia, denunciaron hoy organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2016 las deportaciones desde México al Triángulo Norte aumentaron un 126 por ciento en comparación con 2010. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En una de las audiencias públicas del 164 periodo de sesiones del organismo, que se celebra en la Ciudad de México, las asociaciones civiles pidieron mejorar la “atención inmediata” que se da a los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador cuando estos vuelven tras ser detenidos por México o Estados Unidos.
“Es evidente que estas personas son retornadas a las mismas condiciones de violencia e inseguridad que les motivan a huir”, afirmó Juan José Hurtado, de la asociación guatemalteca Pop Noj.
Indicó que, según cifras oficiales, en 2016 las deportaciones desde México al Triángulo Norte aumentaron un 126 % en comparación con 2010.
Además, desde EE.UU. y México fueron deportados 214.000 ciudadanos provenientes de esta región a lo largo del año pasado.
Cuando vuelven a sus países, expuso Hurtado, estas personas se ven en la necesidad de reubicarse en su país o a escapar nuevamente; a su llegada, no se les pregunta sobre los motivos de su salida o la necesidad de protección.
“Se desconoce la existencia de un plan integral de protección para garantizar la vida y protección de las personas deportadas o retornadas en riesgo”, defendió.
Hurtado dijo que no existen estadísticas oficiales que muestren el número de personas deportadas que han sido posteriormente asesinadas en sus países, aunque no es algo “insólito”.
