Seis minutos le bastaron a los cinco integrantes de la comisión pesquisidora para decidir que lo más prudente para tomar la crucial decisión sobre el trámite de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales era pedir una prórroga de 24 horas, aunque sobre el veredicto es probable que cada uno de los participantes ya tenga claridad sobre qué procede y más bien serían otras las razones que los llevan a retrasar el anuncio.

Es claro que para esta comisión no debería ser tan complicado tener ya sus conclusiones, las cuales no giran en torno a la culpabilidad o inocencia del mandatario, porque esa no es su tarea, sino puede ser que tengan más temores sobre el avance de las investigaciones y que la justicia extienda su brazo sobre quienes han vivido al borde de la legalidad, en un Estado caracterizado por el abuso y la rapiña.

Puede ser también que a muchos de quienes integran el actual Congreso, Morales ni siquiera les importe en el fondo, sino apuestan por la protección a una figura que por ahora sirve de escudo, aún con el riesgo de que el país pague las consecuencias, si se generaliza la percepción de una clara obstrucción a la justicia en todos los sectores.

Existe también una percepción parecida de que los legisladores protegerán al mandatario, lo cual acarreará una mancha más sobre el Congreso pero dejará una marca imborrable sobre Morales, que no desaparecerá al abandonar su cargo, pues los señalamientos que pesan sobre él no prescriben durante muchos años.

Esa percepción se acrecienta cuando se analiza lo ocurrido durante los últimos días en la comisión pesquisidora, donde fue notorio el tono, el tipo de preguntas o el silencio y las ventajas para auxiliarse de mecanismos audiovisuales que se permitió a unos en detrimento de otros, lo cual fue muy evidente.

Los testimonios de quienes acudieron en favor del mandatario tampoco fueron convincentes o dejaron enormes lagunas que muy poco ayudaron a desvirtuar los requerimientos planteados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitantes que se de paso a una mayor investigación.

El Tribunal Supremo Electoral también informó que en los seis meses previos a que Jimmy Morales asumiera la presidencia, en enero de 2016 se le enviaron seis cartas, una cada mes, por la Auditoría Electoral, en las que se le hacía ver de inconsistencias en las finanzas del FCN-Nación, del cual fue secretario general hasta asumir la presidencia.

Ninguno de esos requerimientos tuvo respuesta y en enero de 2016 Morales dejó la secretaría de la agrupación oficialista en manos del ahora prófugo Édgar Ovalle, con lo que un problema que pudo haberse aclarado a su debido tiempo hoy tiene al país dividido entre quienes reclaman el imperio de la justicia y entre quienes consideran una parcialización de la persecución criminal.

Quienes parecen tener mucho más claridad sobre la encrucijada nacional es la comunidad internacional, que clama por el fortalecimiento del estado de Derecho y al presidente le piden no dejar de apoyar la lucha contra la corrupción.