El exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández (2004-2009), considera que desde que se eligió la actual Corte en el 2014 -también se atrasó su fecha de elección- se debieron hacer modificaciones y ajustes para que ahora “no se repitiera una elección amañada, marcada por ciertas influencias. Ahora nos topamos nuevamente con el mismo problema”.
En cuanto a los antejuicios que fueron resueltos en favor del presidente Jimmy Morales y de varios diputados, Fernández opina que “hubo cierto acomodo político de la CSJ, por lo que le faltó rigor para resolver algunos”.
De los 13 magistrados nombrados por el Congreso de la República en septiembre del 2014, los titulares Douglas René Charchal Ramos y Vladimir Aguilar renunciaron en el 2016, señalados de hechos ilegales planteados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Blanca Aída Stalling, una tercera magistrada, se encuentra separada del cargo sindicada de influir en casos penales a favor de su hijo.
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Sobre esto, Fernández expone que “el hecho de que tres de los 13 magistrados no hayan culminado su periodo es muy lamentable y desnuda las falencias de la CSJ. Es una radiografía de las deficiencias del sistema de elección de magistrados, el cual puede ser manipulado por sectores de interés. Ahí está la prueba”, afirma.
El también exmagistrado Gabriel Medrano asegura que el hecho de que tres titulares de la actual CSJ no hayan concluido el periodo para el cual fueron nombrados por el Congreso de la República “es una situación irregular”. Acota que durante su periodo, entre 2004 y 2009, dos no terminaron su mandato: Cesar Barrientos por fallecimiento y Thelma Aldana, porque renuncio para asumir como Fiscal General.
Con relación a que la mayoría de las solicitudes de antejuicios en contra de diputados y el presidente Jimmy Morales fueron rechazados por la CSJ, el politólogo Luis Velásquez asegura que mientras la Corte siga siendo electa por el Congreso de la República “siempre habrá una relación de dependencia” que favorecerá a los parlamentarios.
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A criterio de Velásquez, esta situación se evidenció en la lucha contra la corrupción que se llevó a cabo durante estos años “cuando los diputados del Pacto de Corruptos y el Ejecutivo cerraron filas con los magistrados. Es un problema que provoca un conflicto de intereses con los políticos que los eligen”, afirma.
