La gente habló fuerte y claro, no dejó lugar a dudas, se movilizó por miles y ocupó las calles y las plazas del país. Quiere que se le retire la inmunidad a Jimmy Morales para que las investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito puedan seguir adelante, quiere la renuncia de los diputados que promovieron y votaron a favor del pacto de impunidad y quiere una profunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que transforme radicalmente este sistema corrupto y clientelar que tiene a la institucionalidad estatal atrapada y cooptada por las mafias.

A la ciudadanía ya no le cabe duda de la podredumbre prevaleciente en el Legislativo y por eso rechaza que sean los diputados —actores decisivos en la debacle del sistema— quienes participen en el proceso de transformación de la política partidaria, porque no se puede ser parte de la solución siendo parte del problema.

¿Con qué legitimidad pueden estos señores y señoras —que se han dedicado a comprar y vender votos, que negocian leyes a partir de pagos en efectivo, plazas fantasmas u obras en el presupuesto; que se vanaglorian de ser tránsfugas y engrosan bloques parlamentarios cuando les llegan al precio; que recibieron financiamiento ilegal, ilícito y anónimo y que obedecen órdenes de presos y prófugos— ser interlocutores válidos en un proceso de reforma profunda o en una votación para retirar la inmunidad a un funcionario corrupto?

¿Cómo les vamos a seguir dando espacio de decisión a quienes responden al poder e influencia de las redes mafiosas disfrazadas de agrupaciones político partidarias, a quienes han convertido a la democracia en una cleptocracia, para que en nuestro nombren negocien la refundación de un sistema que ellos mismos han prostituido?

Tampoco la ciudadanía quiere más como interlocutor a Jimmy Morales. El presidente perdió toda legitimidad en el momento en que antepuso sus intereses personales, familiares y partidarios a los intereses ciudadanos. En el instante en que decidió inclinar la balanza a favor de las mafias que quieren detener la lucha contra la corrupción y la impunidad, Morales traicionó el mandato que la gente le otorgó y reafirmó lo que se sabía desde la campaña —y la mayoría no quiso ver—: el FCN Nación, fundado por militares de línea dura, es más de lo mismo, una camarilla de sinvergüenzas que, al mejor estilo de la banda del PP, vistieron su red mafiosa de agrupación política.

Aunque quieran disfrazarlo de “defensa de la institucionalidad”, hay un claro objetivo de los poderes fácticos del país por mantener el estatus quo de la política nacional. Saben bien que mientras más debilitados estén los partidos políticos, más capacidad de decisión y margen de maniobra tienen ellos, y por eso no acuerparon el Paro, deslegitimaron las movilizaciones, cuestionaron las demandas ciudadanas y ahora promueven —como lo han hecho siempre— un pacto entre élites para dizque llegar a consensos que siempre terminan siendo a la medida de sus intereses.

Seguramente entre los promotores del diálogo hay quienes actúan de buena fe y buscan un camino para superar la crisis, pero deben comprender que el paso previo para llegar a acuerdos requiere de la salida de aquellos que perdieron toda legitimidad de sentarse a la mesa porque son parte del problema.

Al contrario de lo que sostienen los defensores del estatus quo, la gente que llenó las plazas busca fortalecer la institucionalidad sacudiéndose a los corruptos y a los impresentables, condición sine qua non para que un diálogo tenga sentido.

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