La propuesta de la UNE va más allá y también pretende que se prohíba a los fiscales generales su participación política durante los seis años siguientes luego de dejar el cargo. “Que no se vuelva a usar el MP con fines políticos, ni mucho menos con las intenciones de ser candidato a la Presidencia, diputación o alcaldía”, dijo el diputado de la UNE Carlos Barreda, durante la presentación pública de la iniciativa.
Los diputados de la UNE proponen que el Presidente de la República pueda hacer una evaluación al fiscal general del MP y de acuerdo con criterios técnicos removerlo del cargo. También proponen que el Congreso le podría pedir al Presidente que haga la evaluación; y si no lo hace, el Legislativo lo podría efectuar.
Las reformas también prohibirían a un fiscal general su participación en la política durante los seis años siguientes de la terminación de su mandato, remoción o renuncia del cargo. Esta prohibición también aplica para los fiscales distritales y de sección.
Según la iniciativa, la finalidad es lograr un equilibrio en el sistema político y evitar que existan acciones de denuncias o acusaciones con motivaciones espurias o bajo interese directos.
“No podemos volver a fiscales todos poderosos que no rinden cuentas, que no se les puede destituir y que no rinden cuentas y abusan del poder; además, lo aprovechan con fines políticos”, insistió Barreda.
Según la Ley Orgánica del MP, en caso de remoción del fiscal general, el presidente del Ejecutivo deberá nombrar a su sustituto de la nómina presentada por la comisión postuladora.
Para el abogado Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), asegura que es una incongruencia de la UNE que la misma legislatura, en el 2016, haya promovido la reforma para alcanzar la independencia de la Fiscalía para evitar que el presidente tuviera la facultad de remover al jefe de la Fiscalía.
Samayoa afirma que en ese año se promovió esa reforma para que el jefe del MP fuera independiente y se mantuviera libre de cualquier intromisión política, como el hecho de que el Presidente de la República le pidiera su renuncia o lo destituyera. Lo que pretende la UNE “es una medida regresiva e incongruente”.
Samayoa resalta que el hecho de que el presidente del Ejecutivo o el Congreso de la República tenga esta facultad, “lo único que genera es inestabilidad en el MP e incapacidad de perseguir adecuadamente al presidente o sus funcionarios cercanos”.
Debe prevalecer la independencia
José Echeverría, presidente de Movimiento Cívico Nacional (MCN), opina que “la independencia del MP para cumplir con su mandato de persecución penal pública no debe estar supeditada a ningún otro poder del Estado, que de forma arbitraria podría interferir con ese mandato”.
De acuerdo con Echeverría, todas las propuestas legislativas deben de partir de los principios republicanos. “Los pesos y contrapesos deben estar establecidos claramente dentro de las funciones y estructuras orgánicas de las instituciones”.
Echeverría considera que se debe analizar a profundidad cuáles son las implicaciones de esta iniciativa a través del proceso legislativo que debe seguir, y en el interín, hay que revisar las reformas del 2016 con el objetivo de fortalecer el MP.
¿Dedicatoria a Aldana?
El politólogo Luis Velásquez, dice que esta propuesta es una medida regresiva ya que su propósito es que el Fiscal General siga dependiendo del presidente de la República, y que con esto “su marco de acción esté limitado a las lealtades políticas que tenga con el presidente, contrario a ahora que tiene autonomía”.
En cuanta a la prohibición de poder participar políticamente hasta después de seis años de entregar el cargo, Velásquez dice que es una medida atinada para evitar la persecución en tiempos electorales; sin embargo, no comparte que el lapso sea de seis años, sino que se debería reducir a un periodo después de haber ejercido el cargo. “La medida tiene dedicatoria, porque Thelma Aldana terminó su mandato en 2018 y la próxima elección sería en 2023”
Evaluación en todas las instituciones
Elvyn Díaz del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP) considera que es importante que se efectúe una evaluación a la gestión y resultados concretos, no solo del MP, sino también de otras instituciones, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, entre otras.
En cuanto a la perdida de independencia del ente investigador, Díaz dice que esta propuesta se puede convertir en un mecanismo de presión, porque se debe tomar en cuenta que el MP es un órgano de control y por lo tanto no puede estar supeditado, por lo que debe analizarse mucho la propuesta de la Une.
“La historia reciente del MP ha demostrado que con una buena gestión no hay razón para remover del cargo al Fiscal General”, resalta Díaz.
¿Por qué hasta ahora?
El abogado constituyente Aquiles Faillace, opina que los criterios para destituir a cualquier dignatario de la nación deben ser congruentes e iguales para todos. “Si el Fiscal General solo se puede remover hasta estar condenado, el mismo criterio se debería emplear con todos los demás funcionarios”.
No obstante, resalta que lo que más le despierta suspicacia “es la motivación -de la Une- para lanzar esas reformas hasta ahora. Me causa duda porqué lo hacen 90 días antes de dejar sus curules”.
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