Según una investigación de la Cicig, revelada en julio último, Telecomunicaciones de Guatemala, Telgua, habría dado Q15 millones de financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota, para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la empresa Tigo.
? Detenido en #Madrid el ex embajador de Guatemala en EEUU por financiar de forma ilícita campañas electorales de políticos guatemaltecos pic.twitter.com/LFZGaogfXQ
— Policía Nacional (@policia) 26 de septiembre de 2017
La estrategia, según la Cicig, se ejecutó a través del exembajador de Guatemala en EE. UU. Julio Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
Perfil de Julio Ligorría
Investigación
El 14 de julio último, el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, afirmó que allanamientos efectuados meses atrás en diversas empresas vinculadas al exministro Sinibaldi permitieron obtener información relacionada al ingreso de recursos a empresas para financiar la campaña electoral del PP.
El comisionado detalló que, tras los hallazgos, se entrevistó al entonces gerente de Telgua, Julio Carlos Porras Zadik, quien en prueba anticipada aceptó que la empresa hizo pagos al PP a través de 12 cheques y 20 facturas a 6 empresas.
Según Velásquez, Porras Zadik dijo en su declaración que los recursos fueron entregados como parte de una estrategia político comercial, diseñada por el exembajador Ligorría para resolver el litigio entre Telgua y Tigo.
De acuerdo con la Cicig, la estrategia consistió en mostrar una estrecha relación entre Telgua y el Partido Patriota, que en ese momento lideraba las encuestas, para lo cual debía financiar la campaña electoral aportando un monto que, según le dijo Sinibaldi, por lo menos igualara el que Tigo había entregado.
Porras Zadik dijo que luego de aceptar la estrategia, Ligorría le entregó un listado con el nombre de varias empresas y diferentes montos para que Telgua emitiera los cheques. Estas empresas, según la Cicig, estaban “directamente” relacionadas con el exministro Sinibaldi.
La Cicig reveló que las empresas Impresos Urbanos, ARQCO Outsourcing de Centroamérica, Inversiones ASA y Seguridad ASA emitieron facturas por servicios para ocultar el motivo de la entrega del dinero que tenía como destino financiar la campaña del PP.
El comisionado recalcó que Porras Zadik fue condenado el pasado 29 de junio a tres años de prisión, por financiamiento electoral ilicito y que, aunque fue suspendida la ejecución de la pena, el ejecutivo debe pagar Q500 mil de multa y construir dos salas de videoconferencia para uso del Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).
La Cicig afirma que Porras Zadik asumió la responsabilidad total del financiamiento y que hay un convenio que detalla cómo se había producido el pago del financiamiento al PP.
